De Política Alejandro Álvarez Manilla

La crisis de personas desaparecidas en México dejó hace tiempo de ser una estadística para convertirse en una herida abierta. Con más de cien mil casos acumulados en los últimos años, el país enfrenta una de las tragedias humanitarias más profundas de su historia reciente. Sin embargo, más allá de las cifras, lo que hoy preocupa es la respuesta institucional: fragmentada, cuestionada y, en ocasiones, percibida como insuficiente frente a la magnitud del problema.

En este contexto, la decisión del gobierno mexicano de rechazar o limitar la participación de organismos internacionales como la ONU ha encendido un debate incómodo pero necesario. ¿Se trata de una defensa legítima de la soberanía nacional o de una resistencia a la supervisión externa? Para muchos colectivos de búsqueda, la presencia internacional no es un lujo, sino una garantía mínima de imparcialidad en un país donde la confianza en las instituciones ha sido erosionada durante años.

La relación entre autoridades y familiares de desaparecidos ha sido históricamente tensa. Los colectivos —integrados en su mayoría por madres, padres y hermanos— no sólo buscan a sus seres queridos, sino que también han asumido tareas que corresponderían al Estado: rastrean fosas clandestinas, recaban indicios y presionan para que los casos no queden en el olvido. Esta realidad, por sí sola, es un reflejo del vacío institucional.

Pero las fricciones no terminan ahí. Las propias comisiones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como estatal, han sido objeto de críticas por parte de los colectivos, quienes las acusan de actuar con lentitud, falta de acompañamiento efectivo o incluso de alinearse con posturas gubernamentales. A su vez, estas instituciones argumentan limitaciones legales, presupuestales y operativas que condicionan su actuar.

El resultado es un entramado de desconfianza donde cada actor parece cuestionar al otro, mientras las familias siguen esperando respuestas. La negativa a abrir plenamente la puerta a la cooperación internacional agrava esta percepción, pues envía un mensaje ambiguo: por un lado, se reconoce la gravedad del problema; por otro, se limita el escrutinio externo que podría fortalecer las investigaciones.

México no es el único país que ha enfrentado una crisis de desapariciones, pero sí uno de los pocos donde las víctimas han tenido que convertirse en investigadoras. Esa realidad debería ser suficiente para replantear estrategias. La soberanía no debería ser un argumento para cerrarse al acompañamiento internacional, especialmente cuando lo que está en juego es el derecho a la verdad y a la justicia.

Más que una disputa política o institucional, el tema de las desapariciones exige un cambio de enfoque: poner en el centro a las víctimas, reconstruir la confianza y aceptar que la cooperación, venga de donde venga, puede ser una herramienta valiosa y no una amenaza.

Porque en un país con miles de personas desaparecidas, el mayor riesgo no es la intervención externa, sino la normalización del dolor y la indiferencia.