La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunció este martes en un informe la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de la Fiscalía del estado mexicano de Nayarit, que acometió decenas de desapariciones forzadas y ejecuciones durante el año 2017.

“Hemos llegado a la conclusión de que existen bases razonables para constatar que sucedieron crímenes de lesa humanidad”, explicó durante la presentación telemática del informe Jimena Reyes, directora de la FIDH para las Américas.

El documento, titulado “Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad”, reveló que entre junio y septiembre de 2017 al menos 47 personas fueron desaparecidas por el Ministerio Público estatal como parte de “un ataque sistemático”.

Por ello, la FIDH presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que pidió “iniciar una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en México”.

Enclavado en el Pacífico mexicano, Nayarit es un pequeño estado de 1,2 millones de habitantes que colinda con Sinaloa, Jalisco, Durango y Zacatecas.

Entre 2011 y 2017, Nayarit fue gobernado por Roberto Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue arrestado por corrupción el pasado 6 de junio en el norteño estado de Nuevo León tras estar prófugo de la justicia.

Bajo la administración de Sandoval, el fiscal estatal fue Édgar Veytia, condenado en 2019 a 20 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

La FIDH estudió 71 casos de desaparición forzada en Nayarit y documentó que en 47 casos fueron policías estatales y funcionarios de la Fiscalía quienes perpetraron los secuestros y ejecuciones, generalmente de jóvenes de barrios humildes de la capital, Tepic.

Denunció que el gobernador Sandoval y el fiscal Veytia crearon “una organización criminal dentro de la Fiscalía de Nayarit” a través de la cual cometieron homidicios, torturas, secuestros y extorsiones, y reprochó la “negligencia” de las autoridades locales para investigar los casos.

La hipótesis del organismo es que la ola de secuestros se perpetró después de que el PRI perdiera las elecciones de junio de 2017 con “el objetivo de aterrorizar y mantener el control sobre los crímenes de tráfico de drogas en el territorio”.

Las elecciones del 2017 las ganó el conservador Partido Acción Nacional (PAN).

“Las desapariciones forzadas pueden constituir crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, expresó la directora de la FIDH para las Américas.

Reyes defendió que si estos crímenes no se investigan a nivel nacional “por falta de voluntad”, son competencia de la comunidad internacional.

Durante la presentación del informe, cuatro mujeres que mantuvieron su anonimato explicaron su experiencia.

Una de ellas explicó que su hermano de 18 años desapareció en julio de 2017 y que apareció en una fosa común el día después de que Sandoval le prometiera su regreso.

Otra mujer explicó que en la Fiscalía estatal trataron “como basura” a los familiares que buscaban respuestas.

Según la FIDH, hasta noviembre de 2020 se habían encontrado 140 cadáveres en fosas clandestinas en Nayarit y se estima que el número de desapariciones forzadas entre 2017 y 2019 oscila entre 120 y 300.

La directora de la FIDH para las Américas lamentó que a día de hoy “siguen habiendo desapariciones forzadas en Nayarit y en México”.

“Tristemente México es una tumba a cielo abierto, con más de 70.000 desaparecidos y un 98 % de impunidad”, expresó.

El pasado 6 de junio, ganó las elecciones a gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.