El primer informe de la Cuenta Pública de 2023 que ayer entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados reporta que están pendientes por solventar 563 millones 636.9 mil pesos.

De los recursos públicos con problemas de justificación destacan los correspondientes al fondo para la educación que se destina a los estados y a la educación técnica, y que incluye al INEA y al Conalep.

Se trata de un monto que asciende a 457 millones 767 mil pesos.

La entidad que presenta mayores problemas es Guerrero.

Como resultado de las auditorías efectuadas, se determinó un monto inicial de 1,080.9 mdp, de los cuales, a raíz de la intervención de la ASF, se aclararon 614.1 millones de pesos y se reintegraron 9.0 millones de pesos a la Tesorería de la Federación”, se detalla en el informe.

La diferencia por 457.8 millones de pesos, que representó 5.3% del universo seleccionado y 6.1% de la muestra auditada, está pendiente de aclarar”, se especifica en el documento entregado ayer a la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

De los 457.8 mdp pendientes de aclarar en todo el país, 338.6 mdp se concentraron en los estados de Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Estado de México y Chiapas, monto que representó 74% del total por solventar.

Al respecto, la ASF indica que resulta fundamental que se implementen medidas que fortalezcan el control de la gestión de los recursos del fondo, a efecto de lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dicha recomendación se deriva de las 36 auditorías realizadas al gasto federalizado programable, 31 de ellas al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) por una muestra de 7 mil 846 millones de pesos.

Como sucede cada entrega del primer informe, en la sesión se alertó que estos montos no son definitivos, porque el proceso de fiscalización sigue en curso y aún existe investigación en marcha, así como aclaraciones que pueden revertir los señalamientos de la ASF.

Se especificó que, del total de los datos presentados ayer en la Cámara de Diputados, 32 auditorías son de cumplimiento financiero y 36 de gasto federalizado.

Con relación a lo anterior, de los 457.8 mdp pendientes de aclarar, 219.4 mdp corresponden observaciones realizadas a los Conalep y 238.4 mdp a observaciones realizadas a los Institutos de Educación para los Adultos (INEA), montos que representaron el 47.9 por ciento y el 52.1 por ciento, respectivamente”.

En la sesión de entrega que fue vía remota y en la que el auditor David Colmenares se enlazó vía Zoom, los diputados Inés Parra, de Morena, y María Elena Pérez-Jaén y René Figueroa, del PAN, consideraron que su gestión retrocedió décadas en materia de fiscalización, al haberse convertido en un instrumento en favor de la opacidad, presentando los peores resultados de los últimos 30 años.

Dijo Pérez-Jaén que la ASF “ha sido secuestrada bajo la pésima gestión de Colmenares”.

El diputado Figueroa reclamó que, mientras en el llamado periodo neoliberal se sancionó arriba de 50% de los casos de daño al erario y falta de justificación del gasto de los recursos públicos, actualmente eso sólo ocurre con la quinta parte de los expedientes que quedan sin aclarar.

El diputado Daniel Gutiérrez, de Morena, consideró que el trabajo del auditor merece reconocimiento. “Somos los primeros en cuidar que el dinero se use bien y que, si existen fallas, que la ASF las señale para corregir, además la fiscalización no es para crear escándalos, ni linchamientos, ni para saciar el protagonismo político de ninguna fuerza política”.

Colmenares por su parte respondió a las críticas: “El tema es que siempre que hay cambios de gobierno, se ha intentado a veces politizar nuestro trabajo y utilizarlo como tema de propaganda política, y finalmente los resultados van a quedar, no podemos comparar circunstancias del pasado con el presente”.