El diputado Gerardo Galaviz Martínez (PAN), presentó ante el Congreso del estado, una iniciativa donde su Grupo Parlamentario del PAN, se manifestó a favor del dictamen para la Reforma de Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, esto con el fin de incluir que toda correspondencia o comunicación dirigida a la CEDH, en ningún caso podrá ser objeto de censura de ningún tipo por parte de los funcionarios y servidores públicos de los centros de detención o reclusión.

Además, se prevé en la iniciativa que, en caso de conocimiento de censura o interferencia en las comunicaciones dirigidas a la Comisión por parte de funcionarios o servidores públicos, ésta deberá dar parte a la autoridad correspondiente para que se finque la responsabilidad y sanción que amerite.

Explicó que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como actividades “para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, además de los beneficios que para ello prevé la ley. Las mujeres cumplirán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

El legislador, precisó que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Por otra parte, dijo que la CEDH, “es un ente que tiene como razón de ser la defensa de los derechos humanos de los duranguenses, sin importar su situación jurídica, y sin distinción ni exclusión alguna”.

Por lo que “la falta de respeto a la dignidad y las actividades que le permitan a toda persona que se encuentra privada de su libertad una adecuada reinserción a la sociedad, puede ser motivo de queja ante la Comisión estatal de Derechos Humanos”.

Galaviz Martínez, dijo, que el impedimento de la libertad de desplazamiento en la que se encuentran los reclusos, no merma, ni disminuye su calidad y el ejercicio de otros derechos humanos, ni las prerrogativas que le concede la ley.