Se debe tomar de manera permanente el Protocolo de Operación para el Programa “Mochila Segura”, ya que no requiere de recursos económicos, sino del apoyo de los padres, además de fortalecer la unidad familiar y la reconstrucción del tejido social, propuso la diputada Alicia Gamboa Martínez.

Al presentar un punto de acuerdo, el cual fue avalado por unanimidad, por la Comisión Permanente, recordó que el programa ya se venía aplicando desde hace varios años, el cual se detuvo porque se consideraba que violaba los derechos humanos.

“No se puede ser reactivos, sino preventivos ante los acontecimientos que se registraron en el Colegio Cervantes en la ciudad de Torreón, Coahuila”, consideró la representante popular al resaltar la voluntad de los diputados locales para avalar su propuesta.

En este sentido, Gamboa Martínez señaló que la participación de los padres de familia en los protocolos de “Mochila Segura” seguramente construirá una red de prevención, como originalmente ha sido su objetivo. 

“No puedo adelantar cómo será el procedimiento, pero es necesaria su aplicación, de eso no hay duda, no puede arriesgarse la integridad física de estudiantes, maestros y personal en general, se necesita revisar las mochilas para verificar que no porten armas de fuego o punzocortantes que en determinado momento utilicen para dañar”, resaltó durante la sesión ordinaria.

La legisladora explicó este programa que implica la revisión de las mochilas de los alumnos, poniendo especial cuidado en los planteles en donde por las características del entorno social hay mayores posibilidades de riesgo; el cual tiene como objetivo combatir la delincuencia, drogadicción y violencia en los entornos escolares.

 “La revisión la realizan únicamente, los padres de familia, las autoridades escolares, los orientadores educativos y los docentes involucrados en cada plantel”, precisó Gamboa Martínez.

Finalmente, informó que dentro de la Ley de Educación del Estado se establece la obligatoriedad del Estado para aplicar este tipo de operativos, con el fin de prevenir la posesión de armas, estupefacientes, o demás sustancias similares u objetos prohibidos que pongan en riesgo la integridad física de los alumnos y maestros que laboran al interior de los centros educativos.