Miscelánea, salud y políticaJudith Álamo López                                   

Crecen las noticias sobre la devastación provocada por el huracán Otis en Guerrero. Sufren habitantes la desazón que trae un desastre natural, ahora sin FONDEN (Fondo para la Atención de Desastres). Bien hicieron gobiernos del pasado en prever este rubro que también se comió el hambre de trascendencia, las obras faraónicas no pedidas pero hechas a capricho de un solo hombre.

Gobernar debe ser una actividad compleja para los hombres conscientes de la trascendencia de sus actos, pero no para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en junio de 2019, nos alertó con una frase para la posteridad: “no tiene mucha ciencia gobernar”, porque según él era cosa de aplicar sentido común. Con todo respeto, nuestro presidente se equivocó.

La interesante frase la hizo seis meses después de haber asumido el cargo por el que luchó dos décadas, en gira por Ecatepec, Estado de México, frente a reclamos de inacción por parte de “Antorcha Campesina”, justificó, ocurrente como siempre: cuesta trabajo echar a andar al gobierno federal, al que describió como “un elefante echado, reumático y mañoso”.

Han pasado 5 años de un sexenio marcado por las ocurrencias, la tragedia y promesas incumplidas, así como el afán de someter a instituciones autónomas creadas para proteger derechos individuales y ciudadanos contra los excesos de autoridades. 

Algunos casos de promesas incumplidas para refrescar la memoria:

A menos de dos meses de haber asumido la presidencia de la República explotó una toma clandestina de combustible en un ducto de la Pemex Tuxpan-Tula, en Tlahulilpan, Hidalgo. El saldo: 138 muertos, decenas de niños huérfanos.

Quedó en letra muerta el apoyo ofrecido a familiares, así como investigar si hubo negligencia de autoridades al atender tardíamente la fuga y dispersar a la multitud. Del compromiso presidencial de acabar con el huachicoleo, mejor ni hablar. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/01/18/tres-anos-mas-tarde-que-paso-tras-la-explosion-de-tlahuelilpan/

La tragedia migrante en suelo mexicano no para. El complejo fenómeno internacional crece al igual que otros ofrecimientos hechos por el entonces novel e idealista presidente mexicano ofreciendo empleo y sustento a migrantes extranjeros, ignorando que por esas carencias miles de connacionales emigran al norte.

Al paso de desdichados incidentes, el paraíso prometido –con la participación de traficantes y delincuentes–, se convirtió en puerta al averno. Menciono un incidente entre una decena o más: el 9 de septiembre de 2021, un tráiler de doble remolque se volteó en una carretera hacia Tuxtla, Gutiérrez, el saldo: 55 decesos, 19 de ellos eran menores de edad; 95% de las víctimas, guatemaltecos.

El punto álgido de esta catástrofe humanitaria en suelo mexicano lo constituyó el incendio en la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la madrugada del 28 de marzo, con saldo de 40 migrantes muertos y 29 heridos. 

La autoridad gubernamental (el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez) rehuyó, hasta ahora, las responsabilidades legales por ineptitud de funcionarios del INN e inexistencia de protocolos humanitarios en los centros de detención, entre otras. Y a pesar de su negligencia sigue en el cargo.

Amnistía Internacional sentenció sobre esta desgracia: “Es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos”.

Insuficientes, con costo al erario público, han resultado los más de 28 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados para contener migrantes en las fronteras norte y sur; inexistentes los apoyos a todos los estados de la República afectados por las obligaciones a cumplir, al haber aceptado sin reparos mayores ante el gobierno del “amigo” Trump, convertirnos en tercer país seguro para solventar necesidades de migrantes en busca del sueño americano.

A 331 días de que concluya el sexenio, el próximo 30 de septiembre de 2024, el andamiaje del sistema de derechos humanos construido en México a través de décadas luce hoy maltrecho, con la diferencia de que en el infortunio natural como el que hoy lamentablemente vive el pueblo de Guerrero, especialmente el hermoso puerto de Acapulco, la comunidad local y externa, unida, se yergue con apoyos para resurgir de los escombros.

Contrario a la esperanza sembrada en su larga lucha por el poder, Andrés Manuel López Obrador una vez entronizado, pareciera que cambió el bastón de mando por la posesión de un mazo para intentar destruir con sorprendente diligencia la estructura democrática del país, mientras se convirtió en cuentacuentos de letal narrativa.

En este gobierno es inexistente la defensa de los derechos humanos para limitar a la acción del Estado en relación con los individuos, generándole a éstos un ámbito de libertad, sin injerencias de la autoridad. Y todo comenzó por imponer a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin el curriculum y haciendo trampa en el Senado con los votos. Gracias al contubernio entre el jefe del Ejecutivo y los legisladores de Morena, PT y PV.

Y para prueba de que el presidente pasa por encima de la ley para mantener el control está la renuncia de los seis miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes dejan para la posteridad los motivos: “la presidenta ha obstaculizado nuestro trabajo…nos ha amenazado y calumniado”, usando recursos institucionales e incurriendo en la ilegalidad. Todo ha sido para complacer al presidente no a las víctimas de violaciones.

Aunque la CNDH diga que nunca los amenazó o calumnió ni impidió el cumplimiento de las funciones de los comisionados, todos ellos miembros honoríficos, sin sueldo, ratificados por el Senado por su idoneidad profesional, es evidente que Rosario Piedra prefirió ponerse a las órdenes del presidente de la República. Un ejemplo de ello es cuando los comisionados, en forma unánime, le recomendaron declarar inconstitucional que la Guardia Nacional pasara al Ejército. Ignoró totalmente la recomendación y emitió otra en apoyo del Ejecutivo.

Contrario a quienes dejan a los especialistas los temas propios de una disciplina compleja, el presidente de la República quiere manejar a su arbitrio todo, uno de sus objeticos es desaparecer equilibrios entre poderes. 

Ejemplo de ello es el gravísimo problema con el Poder Judicial, a cuyos trabajadores ha afectado con la desaparición de 13 fideicomisos para hacerse de 15 mil millones de pesos. Sus aliados incondicionales para conseguirlo han sido legisladores de Morena y aliados (PT y PVEM).

Sin duda, había que hacer una reforma al Poder Judicial para discutir salarios y prestaciones de los magistrados, pero no se vale que con ese pretexto castigue a miles de trabajadores en defensa de la ley y la justicia, tratando de sustraerles sus ahorros para el retiro y otras prestaciones.

La exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación y militante de Morena  apoyó los paros y manifestaciones  de los trabajadores en contra de la desaparición de los fideicomisos, por considerarlos justos. También Alejandro Díaz Durán, morenista suplente de Ricardo Monreal, afirmó que de darse la desaparición de los 13 fideicomisos “se estará violando la Constitución”.

Ayer, en su mañanera del 24 de octubre, AMLO enumeró diez razones para atacar al Poder Judicial, y entre ellas dejó claro que se trata de una venganza en contra de los magistrados quienes se pronunciaron a favor de su desafuero hace 18 años, cuando fue jefe de Gobierno. Lo absurdo: ya no está en funciones ninguno de los magistrados de esa época, pero el rencor no ha desaparecido.

Dos nombramientos presidenciales recientes se suman a la extrañeza de organizaciones nacionales e internacionales especializadas en defensa de Derechos Humanos: el del extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Félix Arturo Medina Padilla, como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, tras la renuncia de Alejandro Encinas y el de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), exdirectora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Ambos carecen de experiencia, idoneidad y aptitudes para el puesto, seguramente son funcionarios de confianza para López Obrador.

Sólo conocer la realidad, sopesarla y actuar en consecuencia en las próximas elecciones nos evitará caer en los mismos errores. Dice Alberto Moravia: “Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado.”

Hay que emitir votos de conciencia en junio del 2024 ¿Qué opinarán la larga lista de afectados por esta administración? Me refiero a los familiares de los más de 160 mil víctimas de homicidio o de los más de 100 mil desaparecidos, incluidos los normalistas de Ayotzinapa o los de las casi 800 mil víctimas de Covid-19, los padres de los niños sin medicamentos para sobrevivir al cáncer o los trabajadores del Poder Judicial y demás agraviados.