Miscelánea, salud y política

Por Judith Álamo López

Lo ocurrido el martes pasado en el Senado de la República fue un intenso ejercicio de desaliento en 10 horas. Cuántos más acabamos exhaustos y compungidos ante la posible asistencia al inicio de las exequias de nuestra democracia, luego de presenciar el espectáculo montado en el Coliseo de Reforma: el embate del poder presidencial respaldado por el poder militar vs. el supuesto bloque opositor senatorial.

NO, corrijo, lo más preocupante es que presenciamos la embestida del poder militar con el respaldo del poder presidencial (en ese orden). El Senado no sirvió de dique de contención. Constatamos como se fracturaba el llamado bloque opositor, y bajo el toque marcial de tambores emergía el PRI-MOR, nueve votos del PRI y dos del PRD sumados a los de la alianza oficialista ( Morena, PVEM, PT, PES), dieron un total de 87 votos a favor, suficientes para conseguir la victoria: consummatunn est.

Los senadores a favor repetían frases para encubrir el hecho infausto con buenas intenciones, los más ingenuos blandían banderas ilusorias de paz y reconciliación o repetían, en visible estado hipnótico: “es un honor estar con Obrador”.

Los “conversos” festejaban haber ganado para el poder legislativo nuevas atribuciones, como la corresponsabilidad para fiscalizar, evaluar y codirigir la política de seguridad pública. Aunque nadie sabía en dónde se habían plasmado los requerimientos de recursos necesarios para solventar las nuevas atribuciones, conforme a qué plan y estrategia, tampoco se señalaron las sanciones a aplicar en caso de incumplimientos.

Fue asistir a la fractura del bloque opositor conformado con motivo de las elecciones del 2023 y 2024, ya que luego de la votación a favor de diputados del PRI y del PRD,dado que era un compromiso de partidos,  se quedaron solos los legisladores de Acción Nacional.

Ya muchos habían anticipado que los ataques del gobierno en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, y luego de ofrecerle impunidad por sus presuntos delitos, habían sido suficientes para que él y sus diputados incondicionales rompieran el acuerdo de moratoria –rechazo– a las iniciativas constitucionales de López Obrador

La iniciativa de reforma constitucional al Artículo Quinto Transitorio para ampliar el plazo de intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de marzo de 2024 a marzo de 2028, fue presentada en la Cámara de Diputados por la legisladora priísta Yolanda de la Torre, una vez sometida al pleno fue aprobada con el apoyo de los partidos oficialistas y el PRI, el pasado 14 de septiembre en la Cámara baja, y enviada a la colegisladora -Senado-.

Presentado el dictamen del proyecto de reforma ante el pleno senatorial, en primera lectura, el pasado 22 de septiembre, ante la imposibilidad de obtener mayoría, se propuso retornarla a las comisiones dictaminadoras y, para lograr el consenso (dos terceras del total de votos) anunciaron que incluirían mecanismos de control parlamentario, jurisdiccionales y parlamentarios, a fin de lograr su aprobación.

El 4 de octubre, la iniciativa que  amplía de cinco a nueve años la participación del Ejército en tareas de seguridad públicas volvió a discutirse en la Cámara Alta. Los senadores panistas, de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural Independiente se manifestaron en contra del proyecto: rechazaron legitimar la ruptura del equilibrio cívico-militar necesario en una nación democrática, acusaron al presidente López Obrador de propiciar un estado de sitio light y de negligencia al ceder el poder civil a mandos militares.

Denunciaron que el Ejecutivo incumplió su compromiso con los legisladores  establecido en 2019, de crear una Guardia Civil y sacar al Ejército de la calles para marzo del 2024.  ¿Por qué ahora creerían en sus promesas de ahora si cumplir con retirarlos en 2028, rendir informes ante una comisión legislativa bicameral y canalizar un fondo de recursos a estados y municipios? Esos compromisos ya existían y se ignoraron, advirtieron.

No se usaron razones ni argumentos para convencer a los senadores del PRI y del PRD de cambiar su voto y respaldar la presencia militar en seguridad pública hasta el 2028. Tampoco fue cuestión de principios o valores morales o ideológicos.

Los opositores denunciaron que el aval se consiguió mediante complicidades, chantajes, amenazas, ofreciéndoles impunidad y poder intervenir en el manejo de los nuevos fondos de fortalecimiento de las policías municipales a partir de 2023, mismos que serán robustecidos con bienes confiscados.

Estos fondos fueron considerados por Muna Dora Buchahim, ex auditora Superior de la Federación: “como un soborno disfrazado y cínico”, expresión avalada por Inés Parra, la única diputada morenista que votó en contra “por congruencia con los estatutos que rigen a los militantes de Morena”(aristeguinoticias.com).

El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, luego de enumerar una decena de abusos militares a partir de 1968 hasta Ayotzinapa (2014), les reclamó a sus colegas que contribuyan a frenar el proceso civilizatorio y aplaudan la militarización, y al presidente López Obrador le recriminó por actuar con complicidad al proteger a militares que cometieron vejaciones y abusos en Iguala (caso Ayotzinapa), y les espetó: “No hay peor engaño que el autoengaño”.

Una imagen para los anales de la violencia de género fue dada paradójicamente por senadoras: en contra de la reforma, la panista Lily Téllez, fiel a su estilo, provocadora hasta rebasar el límite, confrontó a los morenistas comparándolos con hienas y acusó a AMLO de crear un Estado narco-militar.

En respuesta fue increpada por senadoras de Morena: las Lucías, Trasviña, Meza y Micher, quienes atacaron a la exconductora de TV Azteca por endilgarles adjetivos ofensivos, mismos que pidieron borrar del Diario de los Debates y la Agenda Legislativa. Más allá de lo público fue Rocío Abreu, quien ventiló ante el pleno supuestas intimidades.

Qué difícil debe ser defender al amado líder que encarna el presidente López Obrador, quien además de mentir para engañar a sus seguidores y encubrir sus ambiciones políticas de ambición de poder, resultó un profundo conocedor de cómo usar los recursos del Estado para exigir lealtad a los propios y respeto a los contrincantes.

El contexto de esta bochornosa aprobación está marcado por la oprobiosa incapacidad del Gobierno de la 4T de hacer frente a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, las que han merecido varias recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin respuesta.

Día a día estamos conociendo documentos secretos de los militares mexicanos, provenientes del hackeo realizado por el grupo internacional Guacamaya, entre los cuales hay testimonio de que durante el gobierno de AMLO elementos  militares han incurrido en violaciones a los derechos humanos, mantienen relaciones con el crimen organizado y espían a periodistas y defensores de derechos humanos, entre muchas más revelaciones que muestran la fragilidad de los garantes de la soberanía nacional.

El jefe del Ejecutivo, ese que fue un aguerrido opositor anti-militarización, como presidente de la República, mientras más se acerca la salida, más cede a los militares atribuciones civiles. Desde que tomó posesión y descubrió en ellos “obediencia” y “disciplina”, interpretó estas como la lealtad a ciegas, la que exige a sus colaboradores para poder mantener el mando centralizado que anhelaba desde joven, cuando soñaba con la presidencia, y lideraba protestas contra los gobiernos del PRI, tomaba la calle, pozos petroleros y quería a los militares en sus cuarteles.

Tiempos lejanos aquellos, hoy festeja que logró traspasar el mando de la seguridad pública a SEDENA, hasta el 2028, sin límites ni exigencias, ellos siguen expandiéndose. Para construir las mega obras gubernamentales ejercen cuantiosas partidas presupuestales, sin precedente: las fuerzas armadas han pasado a ser los más grandes contratistas del gobierno de la 4T, su manejo de recursos públicos es discrecional, “por razones de seguridad nacional” están exentas de rendir cuentas o actuar con transparencia.

Los jefes militares condicionan al Ejecutivo: no quieren trabas ni que sean enjuiciados sus elementos. ¿Tanto los necesitamos? Ellos además de cumplir con sus atribuciones legales han aceptado administrar aeropuertos, aduanas, participar en controles migratorios… bueno, hasta quieren incursionar en negocios propios, como crear una línea aérea donde pondrían a trabajar el avión presidencial. ¿Quién les dio el avión? El mismo que no tiene colaboradores que lo aterricen, ni poderes que le sirvan de contrapesos. ¿Senador Ricardo Monreal, qué diría el jefe Lama de su última victoria?