Miscelánea, salud y política. Judith Álamo López

Al paso que van, las acciones encaminadas a obstaculizar unas elecciones democráticas, libres y autónomas, el próximo 2 de junio de 2024, es oportuno reflexionar sobre la necesidad de ejercer a plenitud nuestros derechos constitucionales ahora, cuando todavía los tenemos, para defender nuestro legítimo anhelo a aspirar a un futuro mejor.

Es momento de ejercer con plena conciencia el poder ciudadano al libre pensamiento, a la libertad de expresión, a tener elecciones libres, autónomas, donde cada ciudadano ejerza el poder del voto para decidir su futuro, sin coacción ni miedo a la pérdida de apoyos sociales.

No todos somos amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador para aspirar a que su manto protector alcance a quitarnos las esposas y el aislamiento que nos fueran impuestos como tortura, para obligarnos a callar, según el testimonio dado por el periodista Alfredo Jalife Rahme, luego de su detención el 6 de diciembre pasado, quien agradeció al mandatario su intermediación para recuperar la libertad.

Acusado de difamación, calumnias y violencia política, por la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el doctor Jalife Rahme, un controvertido analista político de origen libanés, de 75 años, fundador de Morena, grabó un video para hacer su primera aparición pública luego de “treinta y seis horas de detención ilegal y medieval”, y acusó a la quejosa de querer acallarlo.

Jalife fue aprehendido un año después de la denuncia interpuesta por la exfuncionaria del gabinete obradorista, por haberla acusado de robar el litio de México y de entregar el Estado mexicano a Estados Unidos.

La Clouthier es actualmente coordinadora de Vocerías de Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, quien por cierto ha sido calificada por el periodista, desde antes del 2015, de: “corrupta, inepta e incompetente”.

Jalife aseguró también que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México es de origen judío, nacida en Bulgaria y no es mexicana; además de insistir en que se “disfraza de adelita” para esconder sus verdaderos intereses, como becaria de la Fundación Rockefeller, propietaria de grandes petroleras, como Exxon y Mobil.

Pese a las duras críticas de Jalife, las cuales seguramente incomodan a la precandidata presidencial morenista, luego de la detención con exceso de fuerza, Sheinbaum consideró que “es un asunto civil y no penal”, llamó a todas las entidades de la República a que quiten eso de los códigos penales, y a opinar con responsabilidad, sin difamar.

Esta posición es acorde con organizaciones periodísticas como la Fapermex (Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos) que luchan desde hace más de una década por la desaparición de los llamados “delitos de prensa” en seis estados de la República que aún los mantienen en sus legislaciones locales.

Surgen varias interrogantes: ¿Será tanta la independencia de la Clouthier que no le preguntó su opinión, antes del escándalo, a su jefa?  Parece difícil, dada la regla de lealtad a ciegas y obediencia, que se exige a los morenistas.  La falta de identidad propia de la Shein hasta ahora, la ha hecho parecer una copia fiel a su líder en gestos, ideas, ritmo verbal, etcétera.   ¿Será que la Sheinbaum exhibe otra debilidad de carácter?

El polémico periodista encarcelado señaló que quisieron obligarlo a no volver a aparecer en las redes sociales, pero esto no procedió y sostiene: ” …de tirios y troyanos recibí apoyo… (por eso sé) que estoy en el camino correcto de la historia”. Interesante seguir este juicio que se suma a otra de las pistas en que se da el dramático cierre político de la Administración actual.

La lista negra de afanes regresivos de la actual administración es larga, pese a lo que digan las encuestadoras en contrario sobre la imbatible popularidad presidencial, es evidente que amplios sectores de la población se dan cuenta de que López Obrador trata de darles gato por liebre.

Todos los días con sus juicios de valor personales daña a las instituciones que fueron conquista de organizaciones sociales y ciudadanas a lo largo de las últimas décadas, para garantizar un gobierno democrático y proteger a la población, precisamente, de los excesos de una autocracia o dictadura.

Y no se trata de desvirtuar el sistema de creencias de Andrés Manuel López Obrador como ser humano, sino cuestionar al presidente de México, quien se cree poseedor de la verdad absoluta, y por ello se ha ganado a pulso ser clasificado como un ente narcisista que exige lealtad a ciegas y obediencia.

Nadie puede gobernar con buenos resultados a una amplia y compleja República integrada por más de 130 millones de personas miembros de una comunidad plural y diversa, sin el apoyo de un amplio equipo humano capaz y eficiente, sin la asesoría de los mejores científicos y tecnólogos y sin el uso de políticas públicas.

Nadie posee el poder del pueblo per se aunque hayan recibido una votación mayoritaria en una elección federal, ni es válido dejar de gobernar para todos y confrontar a los seguidores con los críticos. 

No es aceptable recurrir a engañifas como aplicar la llamada intuición política para obtener votos con “otros datos”, sacrificando la verdad; pasando por encima de la Constitución de la República y la División de Poderes. Ni denostar al Poder Judicial de la Federación porque no se somete; ni esquirolear a los organismos que fungirán como árbitros electorales para conseguir parcialidad.

Grave es que el primer mandatario adopte políticas “estratégicas” junto con sus aliados del Senado de la República ajenas a la ética para mermar el trabajo del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar se nombren a los Comisionados y sigan careciendo dichos órganos autónomos de una operación completa y eficiente.

El colmo es haber anunciado una iniciativa para desaparecer a los organismos constitucionales autónomos, como recién dijo en La Mañanera, pese a carecer del número de votos en el Congreso para lograrlo: “Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada; son gastos superfluos”.

El mandatario externó su decisión de “desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público”, lo que quiere es evitar la transparencia, la rendición de cuentas y que el pueblo conozca la corrupción en que ha incurrido su gobierno cada día sin apegarse a la legislación sobre adquisiciones y obras públicas; incorporando al Ejército para esconder “por seguridad nacional” los presupuestos dedicados a sus obras faraónicas.

Como dice la candidata opositora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quiere desaparecerlos porque gracias a ellos todos conocemos cómo se han beneficiado sus hijos con tráfico de influencias, gozando de lujos como las casas grises de contratistas de Houston, Texas y Coyoacán que habitó la familia de José Ramón o los contratos millonarios que reciben de forma selectiva los amigos de Andy.

Además de beneficios a familiares y amigos, como el fraude por 20 mil millones de pesos a Segalmex, donde por razones ajenas a la justicia se ha protegido a su director, Ignacio Ovalle, exjefe de López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista hace más de 40 años.

AMLO evita recordar que cuando candidato opositor usó el poder de esos órganos que hoy sentencia en su beneficio para hacerse del poder; ahora a solo nueve meses y medio de entregar la banda presidencial a su sucesora, sigue haciendo planes como si fuera a mantenerse en el mando eternamente. Sin importar que cada decisión tomada para debilitar el andamiaje institucional compromete la legitimidad de quien resulte ganadora y el futuro del país.