De Política Alejandro Álvarez Manilla

Con el arranque de 2026, México enfrenta una de las cuestas de enero más complicadas en años. A la tradicional presión inflacionaria y a la recuperación de gastos post-navideños se suma un ajuste fiscal que golpea directamente al bolsillo de millones de hogares: el incremento de impuestos y precios de productos cotidianos como refrescos, combustibles, cigarros y botanas.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) —que históricamente se aplica a bienes considerados dañinos para la salud o el ambiente— fue revisado dentro del Paquete Económico 2026. El resultado: refrescos y bebidas saborizadas verán casi duplicada su carga fiscal, pasando de alrededor de 1.6 a más de 3 pesos por litro, y ahora incluyen versiones “light” y “cero”.

El tabaco, por su parte, también fue uno de los sectores más afectados: la tasa ad valorem sobre productos manufacturados sube de 160% a 200%, lo que se traducirá en cigarrillos y puros más caros, con cajetillas que podrían acercarse o superar los 100 pesos dependiendo de la marca.

La gasolina y el diésel no se quedan atrás. El IEPS aplicado a combustibles fue actualizado y se reflejará en precios más altos por litro, con cuotas fijadas por Hacienda para gasolina Magna, Premium y diésel que, aunque sujetas a topes y estímulos, inciden en los costos finales para los consumidores.

¿Qué significa esto para las familias mexicanas?

Más allá de la retórica oficial, que justifica estos ajustes como parte de una estrategia para desincentivar el consumo de productos nocivos y fortalecer la recaudación fiscal, la realidad es que estos aumentos impactan a quienes destinan gran parte de sus ingresos a bienes de consumo cotidiano. Desde una soda hasta llenar el tanque del auto o encender un cigarro, todo suma en un presupuesto familiar ya tensionado por inflación general y alzas en servicios públicos.

Los defensores de la medida argumentan que los impuestos “saludables” pueden generar efectos positivos en la salud pública a largo plazo, especialmente en un país con altos índices de obesidad y enfermedades crónicas asociadas al consumo excesivo de azúcares y tabaco. Sin embargo, esta visión se topa con la realidad de hogares que no tienen otra opción que consumir estos productos, ya sea por costumbre cultural, precio relativo o falta de alternativas accesibles.

Además, el aumento de precios en productos consumidos masivamente también afecta a pequeños comercios, que dependen de la venta de refrescos, botanas y cigarros como parte de su actividad diaria. Representantes del sector han advertido que encarecer estos bienes puede golpear las ventas y empujar aún más a la informalidad.

La pregunta más apremiante es si estas medidas fiscales fueron calibradas con sensibilidad social. Más allá de los objetivos técnicos de recaudación o salud pública, aumentar impuestos sin un plan claro de apoyo a los sectores más vulnerables puede profundizar las brechas económicas en un país todavía luchando por recuperarse del impacto de la pandemia y otras tensiones globales.

En 2026, los consumidores mexicanos tendrán que pagar más por productos que forman parte de la vida cotidiana, sí. Pero también enfrentan un escenario que exige debates más amplios sobre equidad, prioridades fiscales y cómo equilibrar salud pública con bienestar económico. El desafío para el gobierno y para la sociedad será encontrar ese equilibrio —sin dejar que la llamada cuesta de enero se convierta en una cuesta permanente para las familias mexicanas.