De política Alejandro Álvarez Manilla

En México, durante décadas, el relevo en los cargos públicos fue —al menos en apariencia— un acto automático: cambiaba la administración y, con ella, los titulares. Hoy presenciamos un fenómeno distinto y preocupante: funcionarios que, ante el fin de su encargo o frente a cuestionamientos públicos, optan por resistirse a dejar el puesto como si se tratara de una propiedad personal.

Los casos de Marx Arriaga Navarro en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de José Antonio Romero Tellaeche en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) evidenciaron tensiones inéditas en el debate público reciente: la dificultad de separar el proyecto personal del mandato institucional.

No se trata de discutir trayectorias individuales ni afinidades ideológicas. El punto central es otro: ¿desde cuándo un cargo público se defiende como si fuera patrimonio propio? En un sistema democrático, los puestos no pertenecen a quien los ocupa; son responsabilidades temporales conferidas por el Estado. La permanencia no es un derecho adquirido, sino una condición sujeta a resultados, legitimidad y legalidad.

La institucionalidad frente al personalismo

En el caso del Centro de Investigación y Docencia Económicas, las protestas de la comunidad académica no solo reflejaron desacuerdos administrativos, sino una disputa más profunda sobre la autonomía institucional. Cuando una dirección enfrenta rechazo sostenido de estudiantes y profesores, la pregunta no es quién “gana” el pulso político, sino qué tanto se erosiona la credibilidad de la institución.

Algo similar ocurre cuando desde la Secretaría de Educación Pública se generan controversias en torno a decisiones que impactan a millones de estudiantes. La función pública exige no solo convicción, sino también capacidad de construir consensos mínimos. Si estos se rompen de forma prolongada, la permanencia puede convertirse en un factor de polarización más que de estabilidad.

México no estaba acostumbrado a ver disputas abiertas por la permanencia en cargos técnicos o administrativos. La tradición política —para bien o para mal— resolvía estos episodios con cambios silenciosos. Hoy, en cambio, se exhiben públicamente tensiones que antes se procesaban en privado. Eso puede interpretarse como mayor transparencia, pero también revela una cultura política donde el cargo se asume como plataforma personal.

Solo hubo en el pasado un funcionario de Comunicación Social del IMSS que se encerró en su oficina hasta dejar limpia su administración, se le acuso de malos manejos, aunque en ese tiempo no había redes sociales, aunque No hay similitud de igualdad.    

El riesgo de normalizar la resistencia

Cuando un funcionario se aferra al puesto pese a un entorno adverso, el mensaje que se envía es delicado: que la institucionalidad es secundaria frente a la voluntad individual. Este precedente puede extenderse a otros ámbitos, debilitando la noción de servicio público.

En democracias consolidadas, la renuncia no siempre es sinónimo de culpa; muchas veces es un acto de responsabilidad para proteger a la institución. En México, en cambio, dimitir suele interpretarse como derrota política. Ese entendimiento debe cambiar. Renunciar también puede ser una forma de fortalecer al Estado.

¿Cambio cultural o síntoma de transición?

Tal vez lo que estamos viendo no sea un fenómeno aislado, sino parte de una transición. El país atraviesa una etapa de redefinición institucional donde las reglas formales conviven con nuevas dinámicas de poder. Sin embargo, esa transición no puede justificar la personalización de los cargos.

Los funcionarios públicos —en educación, energía, cultura o cualquier sector— deben recordar que el puesto no es un proyecto de vida ni una conquista ideológica permanente. Es una encomienda temporal.

Si México quiere consolidar instituciones fuertes, necesita funcionarios que entiendan que servir también implica saber cuándo dar un paso al costado. Porque cuando el cargo se vuelve trinchera, quien pierde no es el funcionario: es la institución.