Miscelánea, salud y política, Judith Álamo López

Confirmamos que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la 4T, se actúo con negligencia frente a la pandemia de COVID-19, las muertes de más de 808 mil 619 personas pudieron disminuirse hasta cuatro de cada 10,  o sea cuando menos  224 mil podrían estar vivas: murieron por errores de gestión.

Duele recordar: muchos padecimos la pérdida de familiares o amigos que, confiados en la autoridad del presunto científico y recalcitrante cuatroteísta, Hugo López Gatell, siguieron sus instrucciones, como aquella de: “Quédate en casa”, pero al agravarse su estado y presentar oxigenación menor a 90, llegaban a hospitales saturados, murieron sin atención, aislados, sin funeral.

El Informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia (CIIP) de COVID-19 en México, explica la devastación de una emergencia sanitaria mal gestionada, cuyo impacto causó la disminución en nueve años de la esperanza de vida de connacionales.

¿Quiénes son los responsables? ¿El líder todo terreno que no escucha a nadie más que a sí mismo? ¿El comisionado complaciente con el jefe, pero incapaz de coordinar las inusitadas y emergentes  acciones entre instituciones de salud públicas y privadas?

 ¿Quién decidió eliminar al sector privado de la coordinación para enfrentar la emergencia? ¿Quién incorporó dilemas ideológicos a la tragedia? ¿Cómo la austeridad presupuestal y la desaparición del Seguro Popular influyeron en esta catástrofe?

Entre las causas que señala el informe están: se subestimó la gravedad del virus; se centralizó la toma de decisiones; hubo una explicación pseudocientífica de decisiones políticas; fallas en la comunicación; se ignoró a instituciones especializadas y el gobierno federal aplicó una política de austeridad en plena pandemia, así como reformas al sistema de salud que lo debilitaron aún más.

Entre los resultados catastróficos hay 215 mil niñas y niños en orfandad por COVID; nuestro país ocupa el deshonroso cuarto lugar mundial por número de muertes y el primero por la mortalidad de personal médico y de enfermería, fueron más de 4 mil 800 víctimas de contagio en servicio, ante las deficientes o nulas  medidas de protección y mala atención. Al personal de salud, la CIIP en su informe, le externa reconocimiento y respeto.

A diferencia de otras naciones donde a los profesionales de la salud se les trató como héroes, aquí el gobierno de AMLO y su zalamero comisionado López Gatell, con los deudos incumplieron promesas, consintieron en despidos injustificados, trajeron a supuestos profesionales cubanos, muchos de ellos –según trabajadores del sector– incompetentes, pero dilapidaron recursos públicos en busca de  alianzas ideológicas ajenas a la emergencia e interés público.

La CIIP de COVID-19 se integró dos meses atrás  con 17 respetados y connotados expertos en diversas ciencias  y cinco investigadores, encabezados por Jaime Sepúlveda, investigador de la Universidad de California y coordinados por Mariano Sánchez Talanquer,  profesor del Colegio de México. Ellos asientan estar “ajenos a cualquier fuerza política o partidista, sin propósito de descalificar ni exaltar, sino en busca de la verdad”, y en memoria de las víctimas y sus familias.

Desde el prólogo este informe deja claro que se siguieron normas en la investigación del Comité de Ética en Investigación (IRB) de la Universidad de California San Francisco (UCSF) garantizando la participación voluntaria e informada de las personas, así como la confidencialidad .

El fundamento de la investigación Pro bono, es decir “por el bien público”, señalan los expertos es que  “la sociedad mexicana merece un Estado capaz de actuar con responsabilidad y de protegerla con mucha mayor eficacia ante riesgos y amenzas”. En esto debemos reflexionar.

El informe es más que oportuno, podíamos imaginar que hubo  fallas en el manejo de la emergencia, pero es indignante confirmar  que los errores de gestión pública costaron miles de  vidas.  Además usar la mentira para engañarnos sobre sus pifias, como adjudicar el exceso de mortandad  solamente a la obesidad y diabetes, problemas de salud pública de los mexicanos, cuando el gobierno los dejó desprotegidos.

Es necesario que cada ciudadano esté conciente de que es momento de asumir nuestra responsabilidad y optar por la mejor opción electoral,  necesitamos a gobernantes  que hablen con la verdad, trabajen y rindan cuentas con índices de eficiencia, eficacia y transparencia en la protección de sus gobernados. ¿Qué queremos, prolongar a un gobierno autoritario que miente para ocultar sus errores? 

Por cierto, de acuerdo al informe de los expertos, la Ciudad de México, fue la entidad con más muertes en todo el país,  registró 67% de aumento en mortalidad durante la pandemia de COVID-19, y fueron los habitantes de alcaldías y municipios del Valle de México, los de menos ingresos –de 1 y 1,5 salarios mínimos– los que registraron más decesos.

La candidata oficialista Claudia Sheinbaum, dada a conducirse con arrogancia y presumir en los debates logros inexistentes, en el más reciente cumplió también con adjudicarle a López Obrador la  autoría de victorias pírricas o inexistententes, ya puede sumar a sus resultados personales el haber obtenido la máxima mortandad durante su gestión durante la pandemia de COVID-19.

Pareciera que la prisa en aprobar leyes inconstitucionales en los útimos meses de la Administración obradorista fue un presente de los legisladores moreistas para darle al presidente López Obrador un cierre con gracia, brindándole el poder de otorgar perdón o amnistía a quien él decida, inclusive si se  trata  de responsables de negligencia criminal. Recordemos que hay causas penales y heridas abiertas por casos de COVID-19. El mejor castigo para quienes ya alardean con prepotencia de un triunfo seguro el próximo 2 de junio  sería que los mexicanos beneficiarios de Bienestar decidieran quitarse el yugo y la coacción de los servidores de la nación y votaran en contra de Morena y aliados en las cinco boletas de las elecciones previstas. No se deje engañar, recuerde que la oposición mantendrá los programas sociales existentes.