La entrega voluntaria a autoridades de Estados Unidos de dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa provocó este sábado nuevas reacciones políticas y abrió un nuevo capítulo en las investigaciones por presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el crimen organizado.

Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quienes son señalados por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes difundidos este viernes, ambos exfuncionarios ya se encuentran bajo custodia en Nueva York, luego de haberse entregado voluntariamente en territorio estadounidense. Las investigaciones forman parte de un expediente abierto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra varios exservidores públicos ligados al gobierno sinaloense.

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, evitó profundizar sobre el tema y aseguró que corresponde a las autoridades federales informar sobre el caso. “Es un tema federal”, declaró ante medios de comunicación al ser cuestionada sobre la situación de los exfuncionarios.

Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó al gobierno federal de mantener un “silencio cómplice” frente a las investigaciones que involucran al entorno del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Medios nacionales señalaron que autoridades estadounidenses buscan que los exfuncionarios colaboren como testigos dentro de la investigación federal abierta en Nueva York, donde se analizan presuntas redes de protección política y financiamiento ilegal vinculadas al narcotráfico.

Las acusaciones forman parte de una ofensiva judicial anunciada por fiscales estadounidenses desde finales de abril, cuando fueron señalados varios funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas, conspiración y colaboración con el Cártel de Sinaloa.