La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó este lunes una audiencia de dos días en la que analiza una demanda contra el Estado mexicano por presuntas irregularidades en la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001.

Esmeralda Arosemena, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva las demandas ante la Corte, dijo en la audiencia que Ochoa era una destacada defensora en México que participó en investigaciones “del alto perfil” y que su cuerpo fue encontrado en un despacho jurídico “con un disparo en una pierna y otro en la cabeza”, y que en la escena había un tercer disparo en el sillón.

“A casi 10 años de la investigación y después de diversos recursos interpuestos, la investigación fiscal concluyó en el no ejercicio de la acción penal, considerando que no existían elementos para investigar lo ocurrido como un homicidio”, explicó Arosemena.

La representante de la CIDH manifestó que el Estado mexicano “incurrió en responsabilidad al no haber cumplido debida diligencia ni investigar los hechos en un plazo razonable” y que además hubo “falencias graves al sostener la versión de un suicidio y no de un homicidio”.

Arosemena detalló que en este caso también hubo “falta de resguardo de elementos en la escena” y una “incompleta descripción de los hechos”.

La representante de la CIDH agregó que Ochoa recibió múltiples amenazas y que incluso fue secuestrada en dos ocasiones, por lo que existen suficientes indicios para investigar el caso como un homicidio como represalia a su labor como defensora de derechos humanos.

En la audiencia también participó Jesús Ochoa, hermano de Digna Ochoa, quien relató que ella recibía amenazas desde 1995, que fue secuestrada dos veces en 1999 y que no hubo investigaciones profundas sobre esos hechos.

Acerca de la muerte de su hermana, Jesús Ochoa se mostró convencido de que se trató de un homicidio y que el hecho de que las autoridades lo calificaran como un suicidio causó “enojo” pero a la vez motivación para continuar luchando por esclarecer la situación.

“Para nosotros ella no se suicidó, la mataron de manera ruin y cobarde”, expresó.

Jesús Ochoa agregó que otra situación que dañó a la familia fueron filtraciones de la investigación que “enlodaron la imagen y el profesionalismo” de Digna Ochoa, que tenían que ver con asuntos como la vida privada de la mujer, su sexualidad, el entorno familiar y el ejercicio de su profesión de abogada.

“Queremos que se reabra el caso, que se castiguen a los responsables intelectuales y materiales, y que se castigue a quienes inventaron la hipótesis de un suicidio”, declaró el hermano de la activista.

En la audiencia también participó José Antonio Pérez, agente del Ministerio Público del caso entre agosto 2002 marzo 2004.

Pérez comentó que debido a la relevancia del caso se creó una fiscalía especial que trabajó en varias líneas de investigación que se relacionaba con militares, el entorno laboral y personal de Ochoa, que finalmente fueron descartadas.

Según la investigación, el caso se trató de un suicidio, en el que, según explicó Pérez, Ochoa primero disparó al sillón a manera de prueba, luego en la pierna y finalmente en le cabeza.

Pérez también comentó que las manos de Ochoa estaban cubiertas con guantes de látex que imposibilitaron la detección de rastros de la detonación del arma.

Por su parte, la perita Erika Guevara, hizo un análisis sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México y afirmó que este país sufre “un grave deterioro de los derechos humanos” desde mediados de la década de 1990.

“México es uno de los países más letales para los defensoras de derechos humanos, es el cuarto lugar a nivel mundial en 2020”, dijo Guevara, quien detalló que en los dos últimos años fueron asesinados 45 defensores.

La audiencia por este caso, que se lleva a cabo de manera virtual, concluirá el martes con los alegatos finales de las partes.