Un duro revés recibió este jueves el Gobierno mexicano en su lucha por responsabilizar a fabricantes de armas estadounidenses por la violencia del narcotráfico. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por unanimidad la demanda presentada en 2021 contra varias compañías productoras de armamento, alegando que están legalmente protegidas frente a este tipo de acciones.

La decisión, avalada por los nueve jueces del tribunal (tanto conservadores como progresistas), concluye que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) —aprobada en 2005— ofrece amplia inmunidad legal a los fabricantes, salvo en casos muy específicos, como el apoyo directo a actividades ilegales, algo que la Corte considera no demostrado en la denuncia presentada por México.

“La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes hayan ayudado o incitado a comerciantes a vender armas ilegalmente a traficantes mexicanos”, señala el fallo redactado por la jueza Elena Kagan.

¿Qué alegaba México?

El gobierno mexicano demandó a empresas como Smith & Wesson, Glock, Colt, Barrett y Beretta, entre otras, por facilitar con sus prácticas comerciales el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano. México sostenía que los fabricantes conocían el uso final de sus productos y no hicieron lo suficiente para evitarlo.

Sin embargo, la Corte argumentó que no se presentó ningún caso concreto de complicidad directa entre los fabricantes y distribuidores implicados en el tráfico ilegal. También señaló que las empresas operan a través de intermediarios mayoristas, y no venden directamente a tiendas o individuos, debilitando aún más la acusación.

Aunque el Supremo reconoció que los fabricantes podrían hacer más para identificar y cortar relación con distribuidores sin escrúpulos, eso no equivale a una “asistencia activa”, sino a una posible “indiferencia”, lo que no basta para responsabilizarlos legalmente.

Cuestionamientos al diseño y comercialización

México también denunció que algunas prácticas de diseño y mercadeo de estas armas —como los rifles de asalto o referencias culturales mexicanas en los productos— las hacen especialmente atractivas para los cárteles. No obstante, la Corte respondió que esos modelos son legales y demandados también por compradores comunes en EE.UU., por lo que no se puede asumir responsabilidad criminal por su popularidad entre delincuentes.

Un fallo con impacto internacional

México buscaba obtener 10 mil millones de dólares en daños, además de imponer medidas cautelares para endurecer el control de armas en EE.UU. Aunque esta vía ha sido cerrada, el país mantiene otra demanda activa en Arizona contra cinco armerías, proceso que ahora podría verse afectado por el precedente de la Corte Suprema.

La magnitud del problema no es menor: se estima que entre 60% y 70% de las muertes violentas en México se deben al uso de armas traficadas desde Estados Unidos. Solo en 2024, se calcula que medio millón de armas cruzaron ilegalmente la frontera, con Texas como principal punto de salida hacia entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán.

Entre 2007 y 2020, se registraron en México 65,552 homicidios vinculados al crimen organizado, muchos de ellos perpetrados con armas estadounidenses.