Puntales Agustín Vargas

• Lo acusan de violencia de género
• Plan B comienza a desdibujarse
• Más empleo en mujeres, pero con bajos salarios

A mi entrañable amigo y compañero Carlos Acosta, reportero de toda la vida (qepd). Siempre te recordaré con gran afecto

En los anales de historia contemporánea de México no se tiene registrado ningún episodio en donde el titular del Poder Ejecutivo haya emprendido una cruenta lucha, casi a muerte, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, depositaria del Poder Judicial, por el simple hecho de que los jueces, magistrados y ministros hagan valer su independencia como poder autónomo.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el señor de Palacio, sería más cómodo y práctico para sus fines dictatoriales y de expansión de mandato, que México no contara con un Poder Judicial autónomo, que no le hiciera contrapeso como lo estamos viendo en estos momentos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en otras épocas de la historia del país tiene de nuevo ante sí la oportunidad histórica de recuperar la confianza de la sociedad protegiendo y haciendo valer la Constitución, que de manera consuetudinaria viola el señor de Palacio desde que asumió la Presidencia de la República.

La llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es, sin duda, el parteaguas dentro del Poder Judicial para enderezar las cosas en materia de impartición de justicia. El llamado de la ministra presidente a las y los juzgadores a ser guardianes de la Constitución, a actuar con responsabilidad e independencia al emitir sus resoluciones y mantener la unidad del Poder Judicial de la Federación, es el blindaje perfecto que requiere.

“Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra dignidad y, al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad”, señaló la ministra Piña Hernández en el marco de las críticas que lanzó hace unos días el señor López Obrador, quien acusó que con su llegada se registró una “ola fallos a favor de delincuentes”, algo tan falso como sus promesas de campaña y acciones como gobernante.

AMLO: violencia de género

Tan graves ha sido las acusaciones de del inquilino de Palacio que destacado grupo de 73 mujeres encabezadas por la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, acusaron que el presidente López Obrador ejerce violencia de género hacia la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, por lo que exigieron que cesará los ataques que realiza contra ella desde la conferencia mañanera.

En un comunicado firmado por 74 mujeres, entre ellas diputadas, senadoras y militantes de partidos como Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y PAN; además de varias activistas y académicas feministas, señalaron que el mandatario federal incurre en “violencia verbal por razones de género”, a lo que atribuyeron las amenazas de muerte que ha recibido:

“Apenas con dos meses de haber asumido el cargo (a Norma Piña) se le han formulado acusaciones inverosímiles, lo que nos hace concluir que se le juzga por ser mujer y ser independiente, pues en dos meses es imposible juzgar el desempeño”.

“El presidente ejerce violencia verbal por razones de género y lo hace desde la máxima tribuna, amplificando así el daño contra la reputación de la ministra Piña e incitando al linchamiento mediático. Al hacerlo el presidente abre la puerta a que se amenace la integridad física de la ministra Piña como ya sucedió”, señalaron las firmantes.

Exigieron al presidente que “respete la Constitución que juró hacer guardar y los principios de no discriminación y rechazó total a la violencia por razones de género. Demandamos también a las autoridades competentes que se investigue la autoría de la amenaza de muerte contra el titular de la SCJN formulada en redes sociales”.

Plan B comienza a desdibujarse

Tal como los habían previsto algunos juristas y politólogos, el llamado Plan B electoral que impulsa Andrés Manuel López Obrador comienza a desdibujarse por la sencilla razón de carecer de sustento jurídico y ser violatorio de la Constitución Política.

Trascendió que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomaron la decisión de comenzar a sumarse a las voces que se pronuncian en contra de dicho plan electoral. Y es que recientemente algunos magistrados han mencionado públicamente de los riesgos que significan para el TEPJF la reforma electoral y las implicaciones que tendría en el análisis de los expedientes y las posteriores sentencias.

Y quizá un botón de muestra de lo que viene para el multicitado Plan B es la resolución que pretende emitir la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassism, quien busca restituir a Edmundo Jacobo Molina como el titular de la Secretaría Ejecutiva del INE.

La magistrada tiene previsto dejar sin fundamento el artículo Décimo Séptimo transitorio del decreto que fue publicado el pasado 2 de marzo del 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia electoral.

En este sentido, la magistrada Otálora considera que la destitución de Jacobo Molina es inconstitucional, así como también afirma que atenta la autonomía del INE, ya que el Congreso de la Unión no puede determinar en una ley transitoria el cese de funciones de la Secretaría Ejecutiva.

Mujeres, más empleo con bajos salarios

En este Día Internacional de la Mujer cabe recordar que desde que se tiene registro, la participación de las mujeres en los empleos remunerados ha sido menos de la mitad de su potencial.  En particular, México tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas en comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina como Colombia y Chile.

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), en el último trimestre de 2022, de las 52.7 millones de mujeres en edad de trabajar en México, el 46.2% están empleadas o buscan activamente un empleo, cifra que supera por 0.8 puntos porcentuales los niveles prepandemia. Sin embargo, sólo el 43.6% de ellas tiene un empleo formal.

Cabe mencionar que aún existe una brecha de 30 puntos porcentuales respecto a los hombres en el trabajo remunerado. Además, de 2019 a 2022 el número de mujeres que ganaban hasta un salario mínimo aumentó 60%; en contraste, la cifra de mujeres que ganaban hasta 5 salarios mínimos disminuyó 51.7%. Al último trimestre de 2022, solo 250 mil mujeres ganaron más de 17 mil pesos al mes.

Pese a que son más las mujeres que trabajan, el CIEP refiere que esta incorporación no está acompañada de una redistribución de las tareas de cuidado y trabajo doméstico, ya que el 91% de las mujeres trabajadoras también hicieron labores domésticas, mientras que solo el 59% de los hombres que manifestaron hacerlo.

La baja participación de las mujeres en el mercado laboral representa costos económicos en términos de producción y recaudación tributaria: las mujeres aportan el 36% del total de la recaudación de ISR de personas físicas y asalariadas, mientras que los hombres el 64%. Esto representa una brecha en la recaudación de 1.7% del PIB, lo cual podría disminuir con un nuevo pacto social que considere el trabajo de cuidado.

Para avanzar hacia la igualdad de género y el desarrollo sostenible, según el CIEP, es necesario aumentar la participación de las mujeres en trabajos formales con salarios justos, así como redistribuir y reconocer las labores de cuidados, pues incorporar a mujeres al mercado laboral puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico del país y en la recaudación de impuestos.

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