Miscelánea, salud y política Judith Álamo López

Los mexicanos hemos desarrollado una enorme resistencia e indiferencia ante hechos terroríficos que asolan al país por falta de seguridad pública, si los humanos no tuviéramos ese mecanismo de defensa, expuestos a las emociones negativas, con nuestra capacidad de dolor intacta, quizá lloraríamos cada 15 minutos por el asesinato de un coterráneo a causa de la violencia o estaríamos protestando en contra de un gobierno incompetente.

El crimen brutal del presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero ocurrió, según dijo el nuevo secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “porque viajó solo a una cita”… con la muerte. Inexplicablemente, sin escolta municipal ni resguardo de la Guardia Nacional, pese a que tres días antes habían ejecutado a Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, secretario general del mismo ayuntamiento y pese a que Arcos, en entrevista radiofónica, pidió apoyo al gobierno estatal y a la Federación.

Pese a la crisis de violencia el gobierno estatal de Guerrero ignoró la urgencia: hace casi tres meses está vacante la titularidad de la secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo. Dos meses atrás el capitán Ulises Hernández, quien iba a tomar posesión del cargo en la administración de Arcos, fue asesinado de 10 tiros a bordo de su automóvil. Días antes, el 21 de junio, el general Gabriel Zamudio López, renunció a la titularidad de esa secretaría, supuestamente “por motivos de salud”.

Los cuerpos de los jóvenes funcionarios municipales sacrificados fueron hallados en zonas céntricas de la capital guerrerense, ambos baleados, pero el del alcalde fue decapitado y expuesto con saña criminal. Chilpancingo es un pueblo sin ley, la población está a expensas de los grupos criminales (Ardillos y Tlacos) y esto que viene de años atrás, se recrudeció cuando el general Zamudio dejó el mando. El país padece la peor crisis de seguridad, no solo la población de Chilpancingo está a expensas de los grupos delincuenciales, varias entidades son asoladas por guerras intestinas entre bandos criminales.

La policía militar ha sido ineficiente, cumplen la orden de no confrontar violencia con violencia, y cuando usan sus armas, con frecuencia cometen errores y acribillan a ciudadanos pacíficos. Según organismos de seguridad estadunidenses, la tercera parte del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. Aunque el problema tiene raíces en administraciones anteriores, durante el Obradorato se amplió el poder de los grupos criminales en el país, gracias a la política de “Abrazos no balazos”, que se caracterizó por la pasividad militar ante la actuación de los cárteles del narcotráfico y otras bandas criminales.

Con mucho, el sexenio de López Obrador fue el más violento en la historia del país con más de 200 mil homicidios; más de 60 mil desapariciones; cientos de miles de pobladores desplazados de sus terruños por grupos de delincuencia organizada, ante la política gubernamental de protección de los derechos humanos de la llamada Cuarta Transformación, sí, pero de los malhechores. La CNDH renunció a su obligación al dedicarse a proteger la imagen presidencial.

Corre la primera semana de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en siete días se registraron 566 asesinatos. Ayer, el secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch, presentó la nueva estrategia de seguridad pública y aunque se mantienen puntos básicos de la política de López Obrador como son atacar las causas sociales y fortalecer las capacidades de la Guardia Nacional, se incorpora la creación de una subsecretaría de Inteligencia y se establece coordinación “absoluta” entre el gabinete de seguridad nacional, fiscalías, estados y municipios. 

A la violencia del narco-Estado se suma la crisis constitucional que se originó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció que haber sido elegido democráticamente por 30 millones de habitantes le daban el legítimo derecho de hacer lo que se le ocurriera y se convirtió en el violador contumaz del régimen legal establecido en la Constitución. Ojalá la presidenta Sheinbaum aplique profesionalismo y ciencia para enmendar el rumbo, corregir es de sabios.

El antropólogo y sociólogo Roger Bartra dijo que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia sin una idea clara de cambio de régimen, ni de la anunciada transformación de México, su administración quedará marcada por un “populismo reaccionario, de derecha, con muy pocos resultados y con ánimo esencialmente destructor”. El académico de la UNAM entrevistado en Aristegui en Vivo, el día anterior del relevo presidencial calificó de sombrío el panorama e hizo un diagnóstico lapidario del sexenio de AMLO: “no veo un cambio de régimen, pero sí una destrucción del régimen que surgió con la transición democrática”, advirtió.

Tampoco le queda claro a Roger Bartra “que haya un proceso de construcción de algo nuevo, menos aún con las iniciativas constitucionales para militarizar la seguridad pública y el golpe al equilibrio de poderes con la reforma judicial”. Bartra escribió el libro “Regreso a la Jaula”, y ahí aborda la amenaza de obradorismo que pretende establecer un proyecto de restauración del autoritarismo, parecido al que existió hace 50 años, como el PRI de Echeverría.

El país atraviesa un periodo de decadencia, al igual que otras naciones, nuestra crisis institucional incluye a la salud pública. En 2023, luego de la pandemia crecieron en 80% las enfermedades mentales, principalmente ansiedad y depresión, siendo los grupos de entre 20 y 50 años de edad y niños de entre 6 y 17 años los más afectados, aseguró el médico psiquiatra Joaquín Castillo Joo, coordinador de Programas Médicos de la División de Servicios de Salud y Adicciones del IMSS, recabados en 2023.

“Después de la pandemia, los casos de ansiedad aumentaron entre el 60 y 80% en número de consultas del IMSS, y por depresión crecieron del 8 al 20 por ciento”. Estos trastornos mentales se han exacerbado por la incertidumbre a causa de la inseguridad, y a la par han crecido los casos de insomnio, violencia intrafamiliar, enfermedades emocionales, pánico e ira; incremento de adicciones –principalmente consumo de alcohol– y depresiones crónicas, así como pérdida de la esperanza en la juventud.

El panorama es complejo, pero podría empeorar con una recesión, si antes de que se decidan las elecciones en Estados Unidos el gobierno de Claudia Sheinbaum no preserva nuestra democracia constitucional. A la población mexicana le conviene un país que mantenga la alianza productiva y comercial con las naciones desarrolladas de América del norte.

El T-MEC, las inversiones extranjeras y nacionales, así como la generación de empleos dependen de un régimen legal estable, acorde con nuestros compromisos internacionales. La reforma al Poder Judicial está provocando una confrontación con los impartidores de justicia, profesionales en pie de lucha por la defensa de la autonomía y sus derechos laborales. Sería una traición al pueblo mexicano ignorar a los 93.5 millones de mexicanos que claramente no votaron por el oficialismo. La presidenta Sheinbaum y los partidos que la respaldan recibieron sólo 36 millones de votos de una población nacional de 129.5 millones de personas, y hay muchas dudas respecto a que la gente que votó por el oficialismo quiera realmente que Morena se apropie de la voluntad de los juzgadores. Es tiempo de que la presidenta demuestre que gobierna para todos.

Mientras el Congreso de la Unión, en sesiones nocturnas, aprueba con celeridad reformas constitucionales con errores garrafales y desaseo en los procesos legislativos, aumentan los recursos de juicios y amparos por inconstitucionalidad de las reformas presentados ante la Suprema Corte de Justicia. La confrontación crece. Denuncia el panista Ricardo Anaya la publicación en la madrugada del 8 de octubre de una reserva al Artículo 500 numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, otorgando a los coordinadores parlamentarios de la mayoría el derecho de veto a los candidatos a jueces, magistrados y ministros que aparecerán en la boleta electoral, antes de la insaculación (uso de la tómbola).

Esto y la creación del Tribunal de Disciplina con facultades para destituir a juzgadores, son motivos de alarma. La reforma judicial está plagada de “errores y horrores”, existen suficientes pruebas de que la elección de jueces no es para mejorar la impartición de justicia –pese a la existencia de 99% de impunidad de los delitos–. El gobierno morenista ha dejado claro que quiere controlar al Poder Judicial, o sea apropiarse de los tres poderes de la Unión para establecer un gobierno autoritario transexenal.