La Comisión de Justicia organizó el seminario “Importancia y alcances del control de convencionalidad en América Latina”, donde diputadas y expertos en ciencias jurídicas y sociales, y derechos humanos, de la región expusieron sus propuestas y retos en la materia.

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), refirió la importancia de analizar los retos que el control de la convencionalidad presenta en México de cara a la independencia judicial.

En la nueva realidad, el ejercicio de este mecanismo debe realizarse por todos los órganos del Estado, hay una obligación tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, debido a que el Estado es garante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que concurre por medio de una voluntad política y jurídica que constituye la mejor prenda de la eficacia verdadera del régimen internacional de protección de los derechos humanos, agregó.

Consideró fundamental que las determinaciones del Poder Legislativo tendrán que sustentarse conforme a las reglas de convencionalidad y en el ejercicio de la función parlamentaria con perspectiva de derechos humanos, porque el deber de respetarlos incumbe a todos los que actúen a nombre del Estado, en especial si proceden de órganos estatales.

“Los legisladores no pueden sustraerse de esta función porque deben proporcionar a los poderes judiciales opciones claras para desarrollar su función jurisdiccional. El Congreso mexicano, al aprobar una norma a todas luces inconstitucional, transgrede estos principios”, señaló.

Destacó que las normas sobre derechos humanos constituyen un límite para la función legislativa, ya que es la o el legislador quien determina, en el ámbito interno del Estado, la compatibilidad de sus normas con la Convención Americana y con la coordinación jurídica interamericana.

La función legislativa, en ese sentido, se enmarca en un deber general de garantía, porque la protección de los derechos humanos requiere actos estatales encaminados a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de las personas.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), sostuvo que el tema de la independencia del Poder Judicial e instituciones del Estado de derecho, que pensamos superado y estaban sobre un piso de mármol, más bien “vemos que eran instituciones sobre arena, aunque nos pese muchísimo reconocerlo”.

Subrayó que el respeto a los derechos humanos, a los tratados internacionales y a las discusiones que creíamos superadas, retroceden, por lo que se necesita congruencia y valentía para aclarar el panorama que tenemos, si queremos que América Latina no caiga en retrocesos y siga brillando el faro de las resoluciones jurisdiccionales y seguimiento al Estado de derecho a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tarea titánica, dijo, por lo que entre todos debemos poner esfuerzos, cada quien desde su trinchera y hacer lo que corresponde, por medio de acciones que requieren congruencia, valentía y conocimiento.

Hizo votos para que en la LXV Legislatura sea diferente la dinámica de parlamento abierto y se tomen en consideración las propuestas de las y los expertos, con el objetivo de salvaguardar el Estado de derecho.

El moderador, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, jurista experto en derechos humanos y derecho internacional, y presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos, con sede en Ginebra, Suiza, destacó la importancia de estudiar el control de convencionalidad vinculado a la realidad de México, en virtud de que la palabra “control” genera miedo y temor.

Desde la perspectiva de derechos humanos y de Estado de derecho tiene dos acepciones: una, el control de los poderes, donde el Judicial se vuelve el más vital en una democracia porque es la última voz para controlar la legalidad y constitucionalidad; “es un árbitro, que no puede involucrarse en los debates”.

En la segunda, hay que tenerle miedo a la palabra “control” cuando uno de los otros dos poderes abusa de su autoridad y más bien controla el ejercicio de los derechos humanos o de las facultades e intereses de la ciudadanía.

Eréndira Nohemí Ramos Vázquez, asesora de Ponencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicó que hay tres elementos que vuelven muy compleja la situación, los cuales son la ignorancia, la transición jurídica en la que nos encontramos y el político.

Carlos Rafael Urquilla Bonilla, abogado en Derechos Humanos, apuntó que sólo en un sistema democrático es posible desarrollar todas las potencialidades de un control de convencionalidad, lo cual se trata de que antes de tomar una decisión se debe verificar si la normativa aplicable tiene concordancia con tratados internacionales. “No es más que evitar la generación de antinomias”.

Puntualizó que se ha puesto al desnudo una institucionalidad débil, que pone de manifiesto que se requiere de un control de convencionalidad con las potencialidades requeridas, de lo contrario, los resultados sería la desprotección de los derechos humanos.

Fabián Omar Salvioli, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, señaló que la aplicación de la perspectiva pro persona es lo que debe guiar la función de toda institución pública, pero en el control de funcionalidad “el cuento siempre es el mismo”, porque cuando sus poderes públicos no respetan los derechos humanos, se corrompen.

“La corrupción no es sólo desviar dinero, sino también cuando no emplean adecuadamente los derechos humanos, pues corrompen el mandato que les ha sido asignado, lo que involucra a todos los poderes del Estado, quienes deben hacer un control de convencionalidad para aplicar el derecho internacional como debe hacerse”, sostuvo.