Información de AMEXI

Morena junto a sus aliados del PT y PVEM en el Congreso de la Unión le cumplieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y sacó adelante la reforma a la Constitución para el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En 2022, López Obrador buscaba que la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Sedena, y en septiembre de ese año, en un debate de más de 10 horas en cada una de las cámaras del Congreso se aprobó el dictamen.

Sin embargo, en abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas y tiró una de las propuestas de López Obrador para transferir la parte operativa y administrativa de la GN al control militar.

En diciembre de 2023, el presidente dijo que insistiría en su proyecto de que la Sedena operara a la Guardia Nacional, y antes de que terminara su administración, volvería a proponer al Congreso dicha reforma.

Y así lo hizo; en un momento en el que los senadores de oposición no cuentan con las firmas suficientes para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para volver a detener la reforma.

En 2022, un total de 49 legisladores de distintos partidos de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra el decreto mediante el cual se valida la reforma que integra la Guardia Nacional a la Sedena, por considerar que viola la Carta Magna.

Luego de nueve horas de debate, con 86 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 42 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la madrugada de este miércoles, el pleno senatorial avaló reformas a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129.

De inmediato, el decreto se envió a los congresos estatales para que la mitad más uno lo ratifique, luego el Congreso de la Unión le dé validez, pase a la firma de López Obrador y se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Senadores de oposición advirtieron en toda la discusión que con esta reforma se militariza al país, pero esto lo rechazaron los senadores de Morena, junto con sus aliados del PT y PVEM, y defendieron la propuesta hasta lograr su aprobación.

El dictamen determina que la investigación de delitos corresponda al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio que esta función.

Para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Sedena.

Se faculta al Congreso para expedir leyes, regular y establecer requisitos, límites para la participación del Ejército, la Armada de México y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

También indica que se transferirán a la Sedena recursos presupuestarios y financieros para cubrir erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza.

Así como los gastos de operación de la GN y recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos para el personal que continuará bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública.