Argentina no ha logrado superar “la grieta”, una profunda división política que afecta todas las instituciones de la sociedad, incluida la educación. Mientras los políticos se enfrentan en la arena pública y las cortes, los niños argentinos pagan las consecuencias de estas diferencias.

El pasado 14 de abril, el presidente Alberto Fernández anunció a través de un DNU [Decreto de necesidad y urgencia] la suspensión de las clases presenciales por dos semanas, a partir del 19 de abril, en el AMBA [Área Metropolitana de Buenos Aires, una región que agrupa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, que forman parte de la Provincia de Buenos Aires].

“La Provincia de Buenos Aires amaneció con protestas en los colegios para exigir clases presenciales”, dijo el periodista Gabriel Bastidas el día en el cual se hacía efectivo el decreto.

La Provincia de Buenos Aires amaneció con protestas en los colegios para exigir clases presenciales.

En la Ciudad capital sí abrieron las escuelas por decisión de la Justicia en contra del decreto de Alberto Fernández que suspendía las clases por dos semanas. pic.twitter.com/nAeKwck5TT

— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) April 19, 2021

Según reseñaron medios locales, el presidente tomó esta decisión sin consultar a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sucesor político de Mauricio Macri, quien fuera presidente entre 2015 y 2019, alternando en el poder con el peronismo. El decreto de Fernández también iba en contra de las opiniones de los ministros de Salud y Educación, Carla Vizzotti y Nicolás Trotta.

Las tensiones surgieron instantáneamente. La credibilidad de Fernández en materia sanitaria se había visto mermada tiempo atrás con el escándalo de la vacunación VIP, que se suscitó cuando personas influyentes que no eran elegibles para recibir la vacuna COVID-19 fueron vacunadas en febrero pasado. El ministro de Salud, Ginés González, renunció tras este suceso, que matizó la percepción de los opositores de Fernández en la decisión de las escuelas.

Horas después, Fernández y Larreta se reunieron en la Quinta de Olivos, sin llegar a ningún acuerdo. El presidente criticó al jefe de gobierno porteño por su “prepotencia y rebelión”. Larreta buscó y obtuvo el respaldo de tres jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fallaron a favor de las clases presenciales.

El jefe de gobierno porteño hizo este anuncio el 18 de abril por la noche, hecho que fue muy celebrado entre los opositores de Fernández.

“Claramente es un hecho político. Estamos hablando de un año electoral. Desde que empezó la pandemia, hubo por parte de la oposición marchas permanentes. (…) Durante el gobierno de Macri, [los gobernantes] bajaron en términos reales un 26 por ciento de presupuesto a la educación. Durante los años de María Eugenia Vidal [exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y protegida política de Macri] tuvieron 58 días de paro y nunca se sentaron a arreglar con el sindicato”, dijo Carlos Riello, sociólogo y economista argentino.

“La realidad de los hechos es que el problema no es la educación. Es una suerte de bandera política que [los opositores] tomaron como si defendiesen la educación”, dijo.

El 19 de abril, en un marco de incertidumbre por las contradicciones entre las autoridades, los padres llevaron a los niños a las escuelas, mientras que los gremios de docentes convocaban a paro. Simultáneamente, la Corte Suprema accedió a tratar la disputa entre el gobierno federal y el de la capital, en un proceso que demoraría semanas.

Posteriormente, un juez federal anuló la decisión de los jueces de la ciudad, pero el gobierno de Larreta hizo caso omiso. Fernández lo acusó en un discurso público de “delito de desobediencia” e instó a los colegios privados a suspender las clases.

La emergencia sanitaria se había tornado en un conflicto político con muchos matices.

“El presidente Alberto Fernández utilizó el DNU desde un primer momento para gestionar la pandemia y, si bien a principios del 2020 estuvo justificado principalmente por una emergencia sanitaria imprevisible, ya a esta altura somos varios los constitucionalistas que venimos cuestionando que siga utilizando esa herramienta extraordinaria cuando ya la pandemia se prolonga y lo que hay son olas con cierta previsibilidad”, dijo Julián Portela, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata.

“La gran cuestión es si la nación [administración nacional] puede, en circunstancias tan excepcionales como estas, regular cuestiones tradicionalmente propias del gobierno local,” dijo Portela.

Argentina es una república federal formada por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias preexistían a la república y le delegaron su poder cuando esta se formó. Por eso “hay que diferenciar a las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que, Portela refirió, “recién aparece en 1994. Antes era un territorio federal como capital de la nación”.

Las clases se mantuvieron precariamente de forma presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof [exministro de Economía durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y actual gobernador] se plegó al DNU del presidente y mantuvo el esquema de clases virtuales. En el caso de la provincia, los contagios entre niños y jóvenes de 10 a 19 años bajaron casi un 30 por ciento, mientras que en la ciudad subieron en un 7 por ciento.

Finalmente, el 4 de mayo, la Corte Suprema falló en contra de suspender las clases presenciales. Además de darle la razón a Larreta, esta decisión sentó un marco constitucional para la continuación de las clases presenciales en la capital.

El presidente se quejó del Estado de derecho en el país: “Yo soy un hombre de derecho, respeto las sentencias judiciales, pero no saben lo que me apena la decrepitud del derecho convertida en sentencia; es el tiempo que me ha tocado y también tenemos que luchar contra eso”, dijo.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue más allá: “Está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”, tuiteó, en referencia a los golpes de Estado que enfrentó el peronismo en el siglo XX. Fernández de Kirchner fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, es viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003–2007) y apadrinó la candidatura de Alberto Fernández para este periodo.

Para Riello, el poder judicial en Argentina es afín al partido de Macri y Larreta: “Están tomando fallos en contra del gobierno por una cuestión de esmerilamiento. Esto lo hacen permanentemente”.

“Según la Constitución de 1994, la Ciudad de Buenos Aires pasa a ser un distrito federal más. (…) Después entran todas las suspicacias respecto de la Corte. Pero es una Corte que viene siendo sistemáticamente atacada por parte del oficialismo,” dijo Carlos Fara, quien es consultor político y cree que las agresiones vienen de lado y lado.

Portela sostiene que, dejando de lado el tema sanitario, se siguió el procedimiento legal adecuado: “La vía [correcta] era esta, ir directamente ante la Corte, porque quien planteaba el reclamo era un gobierno subnacional contra una medida nacional. Estuvo bien en resolver la Corte. Lo triste es que haya tenido que llegarse a la justicia cuando se trata de una cuestión de ausencia de diálogo institucional”.

Una de las principales preocupaciones era que esta situación dinamitara la cooperación que habían mantenido Fernández y Larreta desde el inicio de la pandemia, trabajando en conjunto con Kicillof.

“No hay que descartarlo [que sigan trabajando juntos]. Obviamente vamos a ir a situaciones de mayor y menor nivel de confrontación o pacificación. Pero ya entramos en periodo electoral y Rodríguez Larreta es la mejor figura de la oposición pensando en la elección presidencial de 2023. En función de eso, me parece que va a ser difícil que no vuelvan a una escalada cada tanto”, dijo Fara.

Si bien el conflicto tiene un fondo político, Argentina ha hecho un esfuerzo por retomar las clases presenciales después de una de las cuarentenas estrictas más largas del continente.

A finales de 2020, UNICEF había advertido que, desde el comienzo de la pandemia, los niños de América Latina y el Caribe habían perdido, en promedio, cuatro veces más días de escuela (174) que el resto del mundo. “El COVID-19 podría contribuir al abandono escolar de ulteriores 3 millones de niños en América Latina y el Caribe”, dice el informe.

(Editado por Melanie Slone y Gabriela Alejandra Olmos)