La diputada María José Sánchez Escobedo (PRI) promueve reformas para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) impulse la infraestructura deportiva que permita el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas.

Asimismo, para establecer que el Programa Nacional de Deporte Paralímpico y su presupuesto que elabore la Conade en conjunto con las asociaciones deportivas nacionales de deporte adaptado, deberá ser planificado de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, económica, transparencia y honradez.

La iniciativa, que reformar el artículo 24 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue turnada a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen y a la de Deporte para opinión.

En la exposición de motivos, la diputada Sánchez Escobedo señala que su propuesta tiene por objeto adecuar y ampliar las acciones que la Conade realiza para promover y garantizar el derecho de las personas con discapacidad al deporte.

Argumenta que estas adecuaciones normativas no sólo dotarán de mayor margen de acción a la Conade, sino que permitirá planear y generar mecanismos que reduzcan y eliminen las brechas de desigualdad que existen en el deporte en materia de inclusión. Además, se logrará un presupuesto bien estructurado que detecte posibles desviaciones.

Explica que los deportistas en situación de discapacidad están expuestos a diferentes obstáculos de integración en relación a los centros deportivos construidos, así como los servicios que se otorgan dentro de ellos, ya que generalmente no cuentan con una infraestructura completamente adaptada, y tampoco se cuenta con el equipamiento necesario para la libre accesibilidad.

En este sentido, la legisladora refiere que la Conade debe generar mecanismos que transformen los hábitos y eleven la eficiencia y la eficacia en las acciones institucionales para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en el deporte, toda vez que las acciones implementadas en favor de la cultura física no están vinculadas entre sí, lo cual no permite que se consoliden.

Subraya que es de vital importancia que se planifique un presupuesto de forma eficiente, eficaz, económico, con transparencia y honradez, y que este sea garante de los derechos fundamentales de los deportistas mexicanos.

Concluye que la construcción de un marco jurídico amplío que permita el fomento de una cultura física sólida a nivel nacional, desde los ámbitos de promoción hasta los altos niveles competitivos, requieren del esfuerzo permanente del Gobierno Federal, entidades federativas, ayuntamientos, asociaciones deportivas nacionales, instituciones académicas y los tres niveles educativos.