La recomendación de prudencia,  y de no precipitarse en la aprobación de la reforma al sistema eléctrico que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves pasado a la Cámara de Diputados, es considerada por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

El legislador considera que se debe escuchar primero a todos los sectores involucrados, desde los productivos, económicos e industriales, así como a científicos y académicos.

Eso comentó al participar en una reunión a distancia con el Consejo Nacional Agropecuario para hablar de los avances y retos legislativos en la transformación del campo mexicano, ahí Monreal Ávila aseguró que el Senado actuará con toda libertad, con profunda reflexión y afirmó que cuando llegue la minuta a esta Cámara, se abrirá a la discusión y se escuchara a todos los sectores: productivos, económicos e industriales.

“Creo que son de las reformas que debemos escuchar a distintos sectores de la población, pero también a científicos, académicos y técnicos que están involucrados en este sector tan dinámico en el mundo y tan vulnerable como es el energético”, indicó.

Eso sí, dejó en claro que en esta Cámara hay autonomía y que se revisará a profundidad la minuta que envíen los diputados. Dejó en claro “En el Grupo Parlamentario de Morena y en todos los demás habrá voto libre. 

Están muy maduros los legisladores y sabrán cómo actuar, no habrá, apretón ni mucho menos, en contra de quienes decidan votar”, señaló.

El legislador consideró que en todas las reformas constitucionales se debe ser muy cuidadoso y mencionó que esta es una de las leyes que no conviene acelerar su discusión porque implica mucho efecto colateral.

“En la economía, en la inversión extranjera, en la inversión pública y en decisiones públicas, entonces no conviene acelerarlo, señaló.

La iniciativa que envió el mandatario a la Cámara de Diputados el jueves pasado, prevé eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y traspasar sus atribuciones a una CFE.

Además, reduce las posibilidades del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente y otorga al Estado la explotación del litio, un mineral que el Ejecutivo considera “área estratégica”.