La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su desacuerdo con la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, cuestionó a las organizaciones civiles que aportaron información al organismo internacional, al considerar que algunas de ellas manipulan las demandas en materia de derechos humanos en el país.

En un pronunciamiento oficial, la CNDH señaló que la resolución del CED —que plantea acciones como cooperación técnica, asistencia especializada y apoyo financiero— carece de fundamento y retoma esquemas de colaboración internacional que, según afirmó, no han generado mejoras reales en el pasado.

El organismo sostuvo que se trata de “recetas fallidas desde el exterior”, aplicadas sin un entendimiento profundo del contexto nacional ni reconocimiento de los avances logrados, los cuales, aseguró, han sido comunicados oportunamente al Comité.

Asimismo, la Comisión criticó lo que considera una falta de atención de los organismos multilaterales en otros escenarios internacionales donde, dijo, están en juego la estabilidad y la paz global.

En ese sentido, acusó que estas instancias buscan protagonismo al centrarse en países como México, que enfrentan las consecuencias de una violencia histórica, sin que en su momento la comunidad internacional haya intervenido.

La CNDH también sostuvo que, para justificar la intervención del CED, primero debieron agotarse las instancias nacionales. A su juicio, el Comité ignoró los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales realizados por el Estado mexicano en los últimos siete años.

En particular, cuestionó el papel de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que en su informe ante el Comité consideró insuficientes los cambios legales e institucionales recientes, calificándolos como acciones parciales y poco coordinadas.

Según la CNDH, el Centro Prodh optó por recurrir a instancias internacionales sin agotar los mecanismos previstos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El organismo nacional también acusó inconsistencias en la postura del CED. Recordó que el Comité ha vinculado previamente la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006 durante el gobierno de Felipe Calderón, con el aumento de desapariciones forzadas.

No obstante, en su más reciente comunicado, el CED señaló que, aunque dicha estrategia derivó en violaciones graves a los derechos humanos, no existen elementos suficientes para considerarla, por sí misma, como una política orientada intencionalmente a la desaparición forzada.

En este contexto, la CNDH cuestionó si el Comité ha pasado por alto antecedentes como la condena en Estados Unidos de un exsecretario de Seguridad Pública por vínculos con el crimen organizado.

Finalmente, la Comisión defendió su labor en la atención de este problema, destacando que ha documentado y emitido recomendaciones sobre casos ocurridos tanto en el periodo de la llamada “Guerra Sucia” (1951-1990) como en la etapa de la “guerra contra el narcotráfico” (2006-2012).

Afirmó que los casos de desaparición forzada atribuibles a autoridades federales han disminuido desde 2018, hasta niveles mínimos.

Durante la actual administración, la CNDH ha emitido 14 recomendaciones relacionadas con desapariciones de años anteriores que no fueron atendidas en su momento, así como cinco más sobre hechos recientes, que —aseguró— han sido abordados con mayor rapidez.