Miscelánea, salud y política   Judith Álamo López

Mientras en Estados Unidos el team de seguridad y combate al narcotráfico festejó con fanfarrias y como “victoria histórica” haber logrado que Ismael, El Mayo Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa, se declarara culpable de conspiración y por liderar durante casi medio siglo una empresa criminal dedicada a la distribución de drogas en México y Estados Unidos, por lo que se le incautarán 15 mil millones de dólares.

En México se trató con discreción el tema desde la Mañanera del Pueblo, como corresponde a un gobierno derrotado, exhibido internacionalmente como negligente, incapaz de encarcelar y mantener aislado a criminales de alto perfil, como El Mayo, a pesar de declararse culpable de haber sembrado a lo largo de medio siglo violencia, desolación y muerte.

La gobernante. proclive a envolverse en el lábaro patrio e invocar frases del Himno Nacional –como: “un soldado en cada hijo te dio”–, y demandar el respeto a la soberanía nacional, apenas abordó el tema de la confesión del capo Zambada que mancha a todos los gobernantes (desde 1975 hasta 2024), incluido su antecesor, al asegurar que pudo operar con total impunidad gracias a la corrupción. “mediante el pago de sobornos a policías, militares y políticos”.

Las maromas. Frente a la confesión que involucra al gobierno de su antecesor, la gobernante del segundo piso de la 4T reaccionó con subterfugios, tratando de desviar la atención a la conferencia de prensa en Brooklyn, a que el director de la DEA, Terry Cole, había puesto en el mismo nivel a Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública de Felipe Calderón, que al Mayo Zambada y Caro Quintero.

Decepcionó la mandataria a quienes esperaban que actuara de inmediato como una auténtica líder –jefe de Estado, jefe del Ejecutivo y comandante de las Fuerzas Armadas– cuya obligación sería aclarar a sus gobernados las acusaciones que hace uno de los jefes de la mafia a cuando menos ocho administraciones sexenales, incluida la de AMLO.

Lejano el tiempo en que el aspirante a presidente por casi dos décadas, blandía la bandera de erradicar la corrupción y la impunidad y prometía: “Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México”. Fracasó el amado líder o quizá nunca lo quiso hacer. En cambio, se multiplican los casos que prueban que al Movimiento de Regeneración Nacional se sumaron ambiciosos maromeros disfrazados de representantes populares.

Ni los hijos de AMLO son ejemplo de los valores morales que llevaron al amado líder a la presidencia, ni los líderes más paupérrimos, como Gerardo Fernández Noroña, quien vivía hace poco en una humilde vecindad se conforma, ahora defiende con grosera prepotencia su derecho a una vida de lujos.

Las sospechas de los nexos del crimen con autoridades gubernamentales y militares deben esclarecerse por el bien del país.

Hay indicios de gobernadores y autoridades municipales cuya alianza con grupos delincuenciales es innegable. Incluso el hermano putativo de AMLO, Adán Augusto López, es señalado como presunto jefe de la banda La Barredora y hasta ahora no ha sido investigado; un mentor del caudillo, Ignacio 0valle, sigue tan campante a pesar de ser presunto responsable del desvío de fondos para los pobres (Segalmex).

Seamos francos: si México quisiera hacer justicia empezaría por investigar a los señalados como narcopolíticos, y si Estados Unidos quisiera hacer justicia y no teatro, si quisiera acabar con los responsables del alto consumo de drogas en su país, además de llevar a juicio a capos mexicanos, incluso haciendo alianzas criminales como la que hizo con el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, su investigación y operativos deberían abarcar a los carteles y a las empresas farmacéuticas estadunidenses, comercializadores de opioides y fentanilo.

En este teatro de la vida, México ha puesto las víctimas y el gobierno claudicó a ejercer la justicia de forma soberana en contra de más de medio centenar de delincuentes que envió a Estados Unidos sin orden de extradición, algunos a pesar de contar con amparos.

La razón admitida por el secretario de seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch fue que ni presos pueden controlar a los criminales, puesto que en las cárceles siguen operando.

El gobierno mexicano ha incurrido en actos ilegales al ceder a las peticiones de “expulsar” a determinados criminales para ser juzgados en Estados Unidos, señalan juristas de renombre, a cambio la presidente Claudia Sheinbaum les pedirá que de los 15 mil millones de dólares incautados al Mayo se otorgue al país una compensación de daños para ser repartida entre “la gente más humilde” a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Como ciudadana propongo que el gobierno busque otro canal de manejo de recursos públicos cuya probidad y transparencia sean confiables y comprobables, porque desde hace años sobre esa institución pesan denuncias públicas de corrupción, robo, suplantación de joyas y otros ilícitos, al grado de que de ser ciertas muchos se preguntan: ¿Quién se robó lo recuperado?

El caso es similar al de la rifa del avión presidencial. Nadie sabe, nadie supo dónde quedaron mil 823 millones de pesos, sólo se conocen dos escuelas que recibieron parcialmente recursos, según investigación exhaustiva realizada hace 3.5 años por el coordinador senatorial de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, quien gracias a la existencia del INAI pudo solicitar y revisar medio centenar de pruebas para concluir que ese sorteo fue un mega fraude a la Nación.

Y como si el panorama no fuera desalentador, debemos lamentar que los tribunales federales de justicia y en materia electoral hayan perdido autonomía frente al poder político, que sus juicios no se rijan más por los dictados de la ley sino respondan a intereses del gobierno morenista.

Un ejemplo de ello lo dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al confirmar la validez de la elección de las cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con una votación de 3 votos a favor ( de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes), a pesar de que los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón habían propuesto anular la elección debido a la presencia de más de tres mil acordeones inductores del voto, coincidentes con los resultados.