El Gobierno de México cerró este domingo (27.12.2020) la cárcel federal número 9 Norte de la fronteriza Ciudad Juárez (Chihuahua), en la que estuvo encarcelado el narcotraficante Joaquín el “Chapo” Guzmán, tras años de trato deficiente a los reclusos.

“Se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte”, anunció en el Diario Oficial de la Federación la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México.

La dependencia estableció que todos los reclusos de ese penal fueran “trasladadas a los centros federales que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social”.

También se decidió que fueran “reubicados en otros centros penitenciarios federales” los trabajadores de la cárcel, cuyos derechos laborales “serán respetados conforme a la ley”, aseguró el Gobierno.

Ante el cierre sorpresivo de la cárcel, que funcionaba como prisión federal desde 2011, varias familias de reclusos se concentraron a las puertas del recinto para exigir conocer su nuevo paradero.

Esta prisión, criticada durante años por las condiciones de los presos, fue el último centro penitenciario mexicano que pisó el Chapo antes de ser extraditado en enero de 2017 a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua.

El Chapo fue enviado a este penal en la frontera con Estados Unidos en mayo de 2016 desde la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, donde había sido encerrado al ser recapturado por segunda vez.

Según el informe penitenciario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cárcel federal de Ciudad Juárez tenía en 2019 una población de 541 reclusos de una capacidad para 1.216 presos.

La prisión obtuvo una calificación de 7,42 puntos, ocupando el lugar número 12 de los 17 penales federales de México, de acuerdo con el organismo de defensa de los derechos humanos.

La CNDH detectó deficiencias en los servicios de salud y en las condiciones higiénicas del penal, así como insuficiente personal de custodia y una falta de actividades educativas, deportivas y de prevención de adicciones.

En su informe detectó deficiencias en los servicios de salud, deficientes condiciones de higiene, insuficiencia de personal de custodia, de actividades educativas y deportivas, deficiente atención e insuficientes programas para prevención de adicciones.

En el acuerdo sobre el cierre del penal, el Gobierno alegó que “es necesario generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria” y que los penales deben tener “la infraestructura, recursos humanos y materiales suficientes para atender a la población penitenciaria”.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte”, concluyó.

En México hay cerca de 17.000 reclusos en cárceles federales y 176.000 en prisiones estatales, muchos de los cuales en condiciones de hacinamiento.