La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó este martes comunidades indígenas del estado de Chiapas, sureste de México, que buscan protección ante la violencia paramilitar, desplazamientos forzados y el despojo del territorio.

La visita la encabezó la relatora de los pueblos indígenas de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

“Las autoridades deben de trabajar, de investigar y tener el compromiso de detener a los responsables de estos hechos que quitan la vida, un derecho que hay que proteger”, dijo la relatora en la comunidad de Aldama.

Luego de su visita a las familias y víctimas de un conflicto agrario y desplazamiento forzado por grupos armados en el municipio de Aldama, un pueblo indígena tzotzil considerado de alta marginación, la relatora conversó con integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) , Guardia Nacional, policías municipales y estatales, así como autoridades municipales y tradicionales.

Arosemena y la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, arribaron el lunes por la noche a México donde se se reunirán con el subsecretario de derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación (Interior), Alejandro Encinas.

Durante tres días, la CIDH supervisará la resolución 102/2021 sobre la adopción de medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, por cuestiones de seguridad y desplazamiento.

Las víctimas consideraron que a pesar de que se emitieron las recomendaciones, el Estado mexicano no logró cumplir con la encomienda.

“De mayo del 2021 a la fecha se registraron asesinatos y hubo heridos; en diferentes fechas todos fueron atacados mientras caminaban rumbo a sus parcelas o haciendo trabajos de limpieza en sus tierras”, indicó a Efe María, indígena tzotzil habitante de Aldama.

La relatora recorrió las comunidades de Tabac y Cocó, donde los inmuebles daban fe de lo dicho por los habitantes, como la escuela de la comunidad de Tabac donde tuvieron que levantar una barda de dos metros y cerrar las ventanas con concreto, para proteger a los niños de la escuela “Niños Héroes”, la cual está en abandono por la pandemia y el conflicto.

También visitó y escuchó a las víctimas, quienes detallaron lo difícil que es vivir en el terror constante y saber que una bala puede alcanzarlos.

Tal es el caso de Rosa, de 85 años, indígena tzotzil, originaria de Tabac, quien sobrevivió al impacto de una bala en el pecho, detonada por los grupos armados.

La mujer recordó que fue herida por el proyectil mientras estaba con su familia recolectando leña en su parcela y dijo que en el lugar “las cosas no son nada buenas”.

“Todos tratamos de protegernos, tememos por los nuestros que salen a la milpa”, dijo a Efe.

Al término del recorrido pobladores y víctimas solicitaron continuar con la protección a las 12 comunidades que demandaron las medidas cautelares, además de la liberación de Cristóbal Santis Jiménez, quien dijeron es un preso político. Además, pidieron el desarme y la detención de los agresores.

También solicitaron la instalación de bases de operaciones mixtas, apoyo humanitario, equipamiento del hospital para atención a la población, un albergue y concluir con la pavimentación de un tramo carretero.

EL CONFLICTO

El conflicto en Aldama, Chiapas, se inició hace 40 años, debido a la disputa de 60 hectáreas en posesión de Aldama, que exigen los vecinos de Santa Martha, Chenalhó, pero de 2017 a la fecha este conflicto se ha agudizado con el uso de armas de fuego.

Esas acciones han dejado hasta ahora 53 personas heridas y 26 asesinadas, de acuerdo con el reporte de autoridades de Santa Martha y de la Comisión de Comuneros y Desplazados de Aldama.

La violencia también mantiene en situación de desplazamiento forzado e intermitente a más de 3.000 indígenas de Aldama, lo que representa una tercera parte de la población de este municipio, según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. EFE