La patronal mexicana está abierta al diálogo con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para revisar los permisos de autoabastecimiento eléctrico y llegar a acuerdos, dijo este jueves el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

“Ha sido siempre la apuesta de nosotros, el diálogo y llegar a los mejores acuerdos paro lo que mejor convenga a México. Entonces sí celebramos esta propuesta”, dijo Cervantes en entrevista con Radio Fórmula.

El presidente de México hizo este miércoles un “llamado” a las empresas eléctricas privadas para “dialogar” acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera “ilegales”.

López Obrador recalcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró a comienzos de abril constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica, que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”.

Y aunque se mostró más conciliador que en otras ocasiones, el mandatario no descartó llegar a las “denuncias penales” hacia las empresas que a su modo de ver cometieron fraude.

Cuestionado sobre la posibilidad de demandas e incluso de cárcel para empresarios, Cervantes dijo que cada mensaje puede tener “distintas interpretaciones”.

“Estoy seguro de que nosotros estamos en la mejor disposición de plática. Tuvimos ya reunión con las empresas”, explicó.

Dijo que la iniciativa privada se siente “tranquila” y que se busca apostar por las “energías limpias” sin descartar el fortalecimiento de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal y como busca el Gobierno federal.

Pese a la invitación a negociar, Cervantes reconoció que todavía se está esperando la configuración de una “mesa de diálogo”.

Esta invitación al diálogo, que se prevé tenso, coincide con la reciente derrota en la Cámara de Diputados de la polémica reforma constitucional del sector eléctrico, al no lograr los votos de dos tercios de la Cámara Baja.

Mientras que el pasado 7 de abril, aunque en el Supremo hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para que fuera considerada inconstitucional.

No obstante, los analistas prevén que el alud de amparos protegerán al sector privado de la aplicación efectiva de la nueva normativa.