El más largo de la historia

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles 12 de noviembre poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, con 222 votos a favor y 209 en contra. Tras 43 días de parálisis presupuestal, cientos de miles de funcionarios federales podrán regresar a sus labores y recuperar su salario.

Los republicanos votaron en bloque a favor de la resolución aprobada previamente por el Senado, mientras que los demócratas mostraron división interna entre quienes buscaban mantener la presión política y legisladores moderados que optaron por romper filas.

El proyecto establece el 30 de enero como nueva fecha límite de financiamiento del gobierno federal, con lo que las operaciones podrán reanudarse de inmediato. La iniciativa fue enviada al presidente Donald Trump, quien deberá promulgarla en breve.

Cruce de acusaciones entre líderes legislativos

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, acusó a los demócratas de haber provocado deliberadamente daño durante la parálisis:

“Sabían que iban a causar daño, y lo hicieron de todas maneras”.

Durante el debate previo, el líder demócrata Hakeem Jeffries defendió la postura de su bancada:

“Seguiremos defendiendo los derechos de los estadounidenses”.

La votación reflejó la frágil correlación de fuerzas en el Congreso: los republicanos mantienen una mayoría ajustada, pero con mayor disciplina interna; mientras que los demócratas quedaron divididos respecto a la estrategia frente al Ejecutivo.

Impacto económico y administrativo del shutdown

De acuerdo con los servicios de investigación del Congreso, la parálisis presupuestal provocó pérdidas de hasta 14 mil millones de dólares. Con el acuerdo aprobado, alrededor de 670 mil empleados federales volverán a trabajar con derecho a sueldo a partir del jueves.

Un cierre de gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba —o el presidente no firma— las leyes de gasto necesarias para financiar a las agencias federales. En Estados Unidos, los presupuestos deben renovarse cada octubre. Si no hay acuerdo, la ley obliga a suspender las operaciones consideradas “no esenciales”, lo que deja a miles de empleados sin trabajar o laborando sin pago.

Durante un shutdown se frenan:

• trámites migratorios
• inspecciones y supervisiones federales
• investigaciones científicas
• programas comunitarios
• servicios públicos que dependen de oficinas gubernamentales

Las agencias esenciales, como seguridad nacional o control aéreo, continúan operando, pero su personal suele hacerlo sin recibir salario inmediato.

Un cierre prolongado también genera afectaciones económicas: retrasos en contratos, impacto en el turismo, congestión en aeropuertos, pérdidas en productividad pública y perjuicios en comunidades que dependen de la actividad federal. Aunque estos daños rara vez son permanentes, deterioran la confianza y exponen al gobierno a vulnerabilidades políticas y financieras.