En materia económica, la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución Política para prohibir la condonación de impuestos y las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El 5 de noviembre de 2019 el Pleno estableció que en el país quedan prohibidas las condonaciones de impuestos en los términos que fijan las leyes, al modificar el primer párrafo del artículo 28 de la Carta Magna.  

La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de marzo de 2020, tuvo el propósito de disminuir las pérdidas fiscales de la hacienda pública que redundaría en mayor recaudación y disponibilidad de recursos para desplegar programas que incidan en el desarrollo nacional, citaba el dictamen.

Con ello, se buscó desmantelar los esquemas generados para favorecer a grandes contribuyentes por vía de la condonación de sumas cuantiosas, bajo el amparo de una laxa regulación legal y de múltiples lagunas jurídicas que permiten un amplio arbitrio gubernamental.      

Asimismo, el 25 de abril de 2019 las y los diputados realizaron cambios al artículo 74 constitucional para estipular que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación; es decir, se eliminaron recursos discrecionales mediante esa figura.

La reforma, publicada en el DOF el 17 de mayo de 2021, priorizó los principios de máxima publicidad sobre los recursos públicos y desterró del orden constitucional la posibilidad de gastos con ese carácter.

Con ello, se fortalecieron las atribuciones constitucionales exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria, lo que se enmarca en el principio de control y fiscalización de los recursos de la Federación, y se refrendó la facultad de decidir el objeto y cuantía del gasto público.

El dictamen aprobado precisó que la existencia de partidas secretas corresponde a un régimen bajo el sistema presidencialista, donde la concentración del poder y las facultades unipersonales en la figura del Presidente de la República permitían imponer sus condiciones, tanto en la toma de decisiones políticas como económicas del país.

Dichas partidas, a lo largo de la historia, sirvieron como la caja negra del presupuesto nacional, donde se depositaron cuantiosos recursos de ingresos federales para ser gastados en condiciones de completa discrecionalidad del Presidente de la República y que le facultaban autorizar el incremento de gastos ya presupuestados o crear nuevas erogaciones no previstas, señaló el documento.