El 27 de marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele, presidente salvadoreño, decretó un régimen de excepción que ha mantenido hasta ahora, tras el homicidio de 87 personas. Dicho plan de combate a pandillas como MS13 y Barrio 18, asegura Bukele, ha permitido a El Salvador hacer de marzo de 2023, el mes más seguro de la historia del país. Las cifras oficiales compartidas por Bukele, contabilizan una disminución generalizada de los asesinatos, con varios días de este mes registrando cero homicidios.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente salvadoreño publicó que el 27 de marzo de 2023 cerró con cero homicidios, en contraste con el pico de 87 asesinatos de 2022. También compartió un video de cuatro minutos, donde defendió la permanencia del régimen de excepción, debido a una supuesta disminución sin precedentes de la violencia, y negó una supuesta manipulación de las cifras. Igualmente, descalificó las denuncias de violaciones a los derechos humanos, de parte de organismos defensores nacionales e internacionales, argumentando la soberanía de El Salvador y añadió: “Que vengan a llevarse a sus pandilleros si tanto los quieren”.

Por otro lado, el mandatario también compartió una encuesta de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID), de Costa Rica, realizada entre el 14 y el 27 de marzo de 2023. Según los resultados, en 2019, un 24 por ciento de ciudadanos salvadoreños consideraba la violencia como el “principal flagelo en el país” y, actualmente, la cifra descendió al 1%. Además, un 98% aseguró estar de acuerdo con las medidas del régimen de excepción para combatir a los pandilleros y un 81% estaría de acuerdo con implementar medidas más severas.

No obstante, diversos organismos nacionales e internacionales sostienen la existencia de graves violaciones a derechos humanos y que las cifras reales no coinciden con la disminución de la violencia que presume Bukele. De acuerdo con Amnistía Internacional, la política de combate a las pandillas ya suma más de 66 mil detenciones, en su mayoría arbitrarias, aunado al sometimiento a malos tratos y tortura. Asimismo, denuncian violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del estado. Según la organización, las personas fallecidas no habían sido declaradas culpables de ningún delito al momento de su fallecimiento.

Sobre el maquillaje de cifras, el medio local Revista Elementos recientemente publicó en exclusiva documentos desclasificados de la Policía Nacional Civil. Estos dan cuenta de que el gobierno salvadoreño ha reducido en el papel las cifras de homicidios y desapariciones del registro oficial, a veces hasta la mitad. Estos documentos se extrajeron de las filtraciones de Guacamaya Leaks, donde un grupo de hackers expuso documentos de policías y ejércitos de distintos países latinoamericanos, incluyendo El Salvador.

Aunque Bukele presume de la popularidad su régimen de excepción, diversos organismos internacionales no dejan de señalar cómo esta medida criminaliza la pobreza. Debido a las graves violaciones de los derechos humanos, advierten también la ineficacia de este tipo de combate a la delincuencia, situación que se agrava ante la evidencia de manipulación de cifras oficiales.