Fernando Vázquez Rigada

Los últimos tres meses de la presidencia de José López Portillo fueron más que una era de convulsión: fueron un delirio.

Con la economía despedazada, el peso devaluado, una deuda que consumía la mitad del PIB, un gasto descontrolado (déficit del 15%), el presidente trata de pasar a la historia con un golpe de mano. En la más absoluta secrecía, sólo él, su hijo y un par de colaboradores, decide expropiar la banca privada. Ya con presidente electo, no le comunica la decisión.

Miguel de la Madrid se entera la noche anterior, en voz del hijo del presidente, José Ramón.

De la Madrid reprueba la idea. Reflexiona: el presidente recibirá aplausos de sus seguidores 15 días. Después vendrá el desprestigio. El país que recibirá, advierte, reprocha, será una mariposa atravesada con un alfiler. País dividido. Lleno de odios.

Por eso anticipa la víspera de su toma de posesión a sus colaboradores:

—No los estoy invitando a una fiesta sino a un velorio.

A la presidenta Sheinbaum están por entregarle algo similar.

Un país confrontado. Con finanzas comprometidas. Ensangrentado. Atemorizado.

Eso se sabía desde inicio de año. Pero no lo que está por venir. El afán destructivo de López Obrador es una bomba de tiempo para el próximo gobierno y para el país.

La combinación de la sobrerrepresentación con la posterior destrucción del Poder Judicial está generando el peor ambiente posible.

Y está iniciando.

La rebelión de los trabajadores y el parón judicial no es menor y no debe subestimarse. Sólo hay algo peor que una mala política: la ausencia de política. Y eso es lo que se está viendo. Sin canales de diálogo ni válvulas de escape, la confrontación crece y desborda a las calles.

La iglesia católica llama a la mesura y reconsiderar. También la ONU. Organizaciones internacionales alertan: la reforma violará todos los tratados existentes en materia de derechos humanos.

Los mercados sufren una tensión nerviosa. El peso ha perdido ya más del 10% de su valor.

El Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de Empresas Globales, que agrupa a los grandes inversionistas internacionales asentados en México, advierten que la reforma sería el primer paso para dinamitar el TMEC.

El Consejo Mexicano de Negocios, que reúne a los 57 ultrarricos del país, de manera inusual se pronunció en contra de la pésima idea de votar a los jueces y, cuando sean muchos, nominarlos por tómbola.

Después, en un enunciado durísimo, el embajador de Estados Unidos manifestó el rechazo de nuestro principal socio comercial, anticipando que frenaría la inversión, el comercio y, ojo, beneficiaría al narco. Horas después Canadá respaldó esta postura.

Bank of America y City Bank recomendaron invertir en Brasil en vez de México y la calificadora Moodys anunció que esperaría para, en caso de proceder la destrucción del Poder Judicial, rebajaría la calificación del país y elevaría el riesgo país.

La reforma pierde fuelle popular. En una encuesta de El Financiero, 54% de las personas opinan que los jueces deben nombrarse por conocimientos y sólo 42% por voto. La aprobación de la SCJN es de 66%: mayor que la de AMLO el viernes (Mitofsky)

Son los barruntos de una tormenta mayor. La anticipación del colapso.

No hay que cegarse. Vendrá un ajuste brusco, de los mercados bursátil y cambiario.

Nada vuela más rápido que el cariño comprado y el capital golondrino. El pánico detonará la demanda de dólares, con la consecuente devaluación del peso.

El volumen del comercio con Estados Unidos es de vértigo: alrededor de 800 mil millones de dólares al año y remesas que superan los 60 mil millones de dólares al año que aterrizan en 12 millones de hogares. Canadá es el tercer socio comercial del país. Pero la onda expansiva de esta bomba llega a todo el mundo con quien tengamos relaciones comerciales y golpea de frente a inversionistas nacionales. Nadie quiere invertir en un país cuya ley sea el capricho.

La dimensión del golpe de elevar el riesgo país la ha anticipado ya Gerardo Esquivel: si sube medio punto la tasa por ello, dado el monto de la deuda (51% del PIB) implicaría pagos adicionales al país por 89 mil millones de pesos anuales. Ojo, este cálculo lo hizo con el dólar a menos de 18 pesos. Súmele.

Hace falta un adulto en las mesas de palacio. Alguien que tenga amor, si ya no por el país, por el legado de su presidente. Alguien con lealtad hacia el gobierno entrante. Alguien que acuse patriotismo, valor y sensatez.

De darse la reforma, Claudia Sheinbaum recibirá un país como Miguel de la Madrid o Ernesto Zedillo.

La reforma judicial es una bomba de tiempo.

Y López Obrador acortó el temporizador.

@fvazquezrig