De política Alejandro Álvarez Manilla

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha decidido continuar con bloqueos en casetas de autopistas para cobrar cuotas de peaje, oficinas de la INE y bancos, una estrategia que ya se ha convertido en una práctica recurrente que solo genera molestias y daños a la sociedad. Más que una protesta legítima, estas acciones parecen un abuso de poder que afecta a millones de mexicanos que no tienen nada que ver con los conflictos internos del magisterio.

Es cierto que los maestros tienen demandas y derechos que deben ser atendidos, pero el hecho de que la CNTE recurra constantemente a paralizar carreteras y servicios esenciales demuestra una irresponsabilidad que raya en el vandalismo. ¿Quién paga los platos rotos? Las familias, los trabajadores, los estudiantes y pequeños comerciantes que dependen de la movilidad y el acceso a servicios financieros. Usar a la ciudadanía como rehén para presionar al gobierno es una estrategia que pierde toda legitimidad.

Los bloqueos en las casetas de peaje no solo causan largas filas y retrasos, sino que impactan económicamente a miles de personas que simplemente quieren desplazarse para cumplir con sus obligaciones diarias. Las interrupciones en la INE y bancos paralizan trámites administrativos y operaciones financieras, afectando a funcionarios y ciudadanos por igual. La CNTE convierte una protesta social en un castigo colectivo, olvidando que los daños colaterales siempre recaen en quienes nada tienen que ver con sus demandas.

Además, esta actitud radical y poco constructiva refleja una falta de voluntad para dialogar y buscar soluciones reales. En lugar de construir puentes con las autoridades y buscar acuerdos, la CNTE prefiere la confrontación y la presión mediática, perpetuando un conflicto que desgasta al sistema educativo y a la sociedad en general.

Es hora de que el gobierno tome medidas firmes para garantizar el libre tránsito y el funcionamiento de los servicios públicos, sin permitir que grupos como la CNTE usen el bloqueo y la violencia como herramientas de negociación. La protesta es un derecho, pero no puede ni debe convertirse en un pretexto para afectar la vida de millones de personas inocentes. La responsabilidad y el respeto hacia el país deben estar por encima de intereses particulares.