De Política Alejandro Álvarez Manilla

Los bloqueos de la CNTE en la Ciudad de México provocaron caos vehicular y evidenciaron la falta de soluciones efectivas del gobierno ante protestas recurrentes.

Este miércoles, la Ciudad de México volvió a sufrir una jornada de parálisis debido a los bloqueos organizados por la CNTE. Las principales avenidas colapsaron bajo una ola de autos atrapados, ciudadanos varados y un sentimiento colectivo de impotencia. Bajo el lema de lucha magisterial, la capital se convirtió en un campo de tensión social, donde una vez más el ciudadano común pagó el precio.

Las demandas de la CNTE no son nuevas: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cancelación de la reforma educativa y un aumento salarial justo. Se trata de exigencias legítimas dentro de un sistema democrático. Sin embargo, el método de presión —los bloqueos viales masivos— está dejando de ser protesta para convertirse en castigo colectivo.

Manifestarse es un derecho; interrumpir la vida de millones de personas, no. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Cuánto más debe tolerar la ciudadanía este tipo de tácticas sin consecuencias claras para quienes las ejecutan?

Más preocupante aún es la respuesta de las autoridades. La estrategia del gobierno capitalino ha sido, una vez más, replegarse y administrar el caos con desvíos y mensajes en redes sociales. No hay diálogo real ni solución de fondo. Solo la repetición de un ciclo que se siente cada vez más injusto e insostenible.

El caos vehicular generado por la CNTE debería obligarnos a repensar el equilibrio entre el derecho a la manifestación y el derecho al libre tránsito. Cuando una protesta causa más daño a quienes nada tienen que ver con el conflicto, pierde legitimidad moral y política.

Los bloqueos no pueden seguir siendo la norma. Es urgente un nuevo marco de entendimiento entre gobierno y movimientos sociales. No podemos seguir atrapados entre consignas y claxonazos, entre el legítimo derecho a la protesta y el caos diario que ya parece parte del paisaje urbano.