Una delegación de alto nivel viajará el miércoles a México en representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para negociar de urgencia con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nuevas medidas migratorias que frenen los cruces en la frontera.

La comitiva estará encabezada por el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, acompañado del secretario de Seguridad Nacional y encargado de la política migratoria estadounidense, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad de la Casa Blanca Liz Sherwood-Randall.

Este viaje fue acordado por los dos mandatarios apenas el jueves pasado cuando Biden llamó a López Obrador preocupado por la magnitud de la crisis migratoria, que ha llevado a Estados Unidos a cerrar varios puertos fronterizos durante algunos días.

El Departamento de Estado informó en un comunicado que la comitiva liderada por Blinken se reunirá cara a cara con López Obrador para abordar “la migración irregular sin precedentes” en la región y buscar la adopción de “medidas” que permitan la reapertura de todos los puertos fronterizos.

Además, el jefe de la diplomacia estadounidense insistirá en el cumplimiento de la Declaración de Los Ángeles, en la que una veintena de países latinoamericanos, incluido México, se comprometieron a dar vías legales de estancia a los migrantes para que no todos vayan a Estados Unidos.

Por su parte, la Cancillería mexicana dijo en un comunicado que fue López Obrador quien invitó a la delegación estadounidense a visitar México “con el fin de dialogar en materia de movilidad humana”.

Para la Secretaría de Relaciones Exteriores la reunión supone una oportunidad para cooperar en la “gestión regular de flujos migratorios” y para insistir en la necesidad de mantener abiertos los cruces fronterizos para evitar afectaciones en el comercio.

Además, López Obrador recalcará la necesidad de atender las causas de raíz de la migración forzada, como la pobreza en Centroamérica.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) detuvo en noviembre a 242.000 migrantes en la frontera con México y detectó un repunte histórico de llegadas de indocumentados en los primeros días de diciembre.

La semana pasada, Estados Unidos cerró durante cinco días los cruces de ferrocarriles de Eagle Pass (Texas) con Piedras Negras (Coahuila) y de El Paso (Texas) con Ciudad Juárez (Chihuahua).

La CBP justificó la medida porque tuvo que destinar su personal en esos puntos al procesamiento de migrantes, mientras que las patronales mexicanas denunciaron pérdidas millonarias en el comercio bilateral.

Estados Unidos también ha cerrado en los últimos días los pasos de vehículos y personas en Lukesville (Arizona) y San Ysidro (California).

Paralelamente, la Administración demócrata está negociando con los republicanos nuevas medidas restrictivas en la frontera para lograr que los conservadores levanten el veto que mantienen en el Congreso al envío de ayuda a Ucrania.

En ese sentido, la Casa Blanca está evaluando la posibilidad de restaurar el polémico Título 42, una política aplicada durante la pandemia de covid-19 por el expresidente Donald Trump que permitía deportar en calienta a indocumentados sin darles la oportunidad de pedir asilo.

La aplicación de esta medida afectaría directamente a México dado que la mayoría de personas son devueltas a ese país.

La Administración de Biden levantó en mayo el Título 42 y lo sustituyó por otras medidas que intentaban limitar la llegada de personas en la frontera y restringir el acceso al asilo.

Sin embargo, no ha conseguido el efecto deseado, en medio de un aumento global en el movimiento de personas, motivadas por la búsqueda de mejores oportunidades económicas en EE.UU. y huyendo de diferentes crisis sociales y políticas en América y otros lugares del mundo.

En vísperas de la visita de la delegación estadounidense, una caravana de más de 10.000 migrantes partió en Nochebuena desde la frontera sur de México hacia Estados Unidos.