El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este viernes de que el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a la discriminación contra el colectivo LGTBI con el fallo en el que da la razón a una diseñadora cristiana que se niega a hacer páginas web para bodas homosexuales.

“Me preocupa profundamente que la decisión conlleve una mayor discriminación contra los estadounidenses del colectivo LGTBI”, subrayó el mandatario en un comunicado publicado tras darse a conocer el fallo.

Biden opinó además que el anuncio de la mayor instancia judicial del país “debilita” a todas aquellas leyes que protegen a los estadounidenses de la discriminación, incluida aquella por razón de género, color o religión.

El líder demócrata recriminó que el fallo “socava” la idea de que nadie debe ser discriminado por “quién ama”, además de opinar que resulta especialmente “doloroso” que la decisión se haya dado a conocer mientras se celebra el Mes del Orgullo LGTBI.

Ante todo ello, el líder demócrata prometió que su Administración se coordinará con los estados del país “para luchar contra los intentos de revertir las protecciones de los derechos civiles que podrían seguir a este fallo”.

También hizo un llamamiento para que el Congreso apruebe una propuesta de Ley de Igualdad para blindar los derechos de la comunidad LGBTI.

Lorie Smith, una cristiana evangélica, denunció al estado de Colorado en 2016 con la intención de lograr una excepción a la ley de derechos civiles estatal para ofrecer únicamente servicios a parejas heterosexuales, ya que está en contra de las uniones entre personas del mismo sexo.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, le dio la razón argumentando que su decisión está amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que defiende la libertad de expresión y de religión.

En una opinión de disentimiento, la jueza progresista Sonia Sotomayor advirtió de que por primera vez en la historia el Tribunal Supremo está entregando a una empresa el derecho constitucional a “negarse a dar servicios a miembros de una minoría social”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las mayores ONG del país, recriminó que el Supremo haya dictaminado que las empresas “tienen el derecho a discriminar”, una decisión que supone un “ataque directo” a los derechos de la ciudadanía.