Miscelánea, salud y política Judith Álamo López

Experto en el arte del engaño, crece la percepción de que la premura en asestar un golpe demoledor al Poder Judicial de la Federación cuando aún no se resuelven las impugnaciones interpuestas ante el Tribunal Electoral por partidos políticos, se trata de una maniobra obradorista para matar dos pájaros de un tiro.

Mientras la opinión pública se centra en los diálogos nacionales organizados por la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa presidencial de reformar al Poder judicial, Morena y aliados quieren conseguir la sobrerrepresentación inconstitucional que les permita hacerse de la mayoría calificada para reformar la Constitución.

Los jueces y magistrados invitados a los foros que hasta hoy se han efectuado en la Cámara de Diputados y en cuatro capitales estatales consideran que el objetivo que dice tener la reforma es acabar con la corrupción existente entre juzgadores, pero no explica cómo se corregirá ésta con una elección popular, y sí afectaría de raíz a quienes a abrazaron la carrera judicial como mística de vida.

Las afectaciones directas serían para alrededor de 50 mil empleados del Poder Judicial de la Federación, y más de mil 647 magistrados y jueces en todo el país que tendrían que elegirse en junio de 2025. Quienes ocupan esos cargos actualmente llegaron por méritos académicos y luego de aprobar una serie de rigurosos exámenes parte de un exigente sistema profesional de carrera.

Contrario a lo que piensa López Obrador respecto a que un mejor juez, magistrado o ministro es el que recién egresa de la carrera de derecho, por la frescura de sus ideales, con “la ilusión de aplicar la ley, sin estar influenciados negativamente por prácticas corruptas o preexistentes en el sistema judicial”, lo cierto es que quien abraza la carrera judicial va mejorando su desempeño conforme avanza en experiencia.

Para formular una sentencia el juez debe aplicar conocimientos jurídicos actualizados de leyes nacionales y tratados internacionales; un magistrado y un ministro deben tener aún mayores saberes y capacidades para resolver contradicciones de tesis más complejas. Desde la escuela adoptan principios de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, al servicio de la ley.

Lo cierto es que hay sustanciales diferencias entre la iniciativa presidencial y los representantes del Poder Judicial respecto a la reforma que necesita el Poder Judicial, comenzando por el diagnóstico de corrupción y nepotismo con que el presidente López Obrador ha satanizado a los órganos y funcionarios del mismo.

Resulta inexplicable que no incluya en las reformas cómo resolver las enormes deficiencias que en materia de investigación y persecución de los delitos presentan los órganos de procuración de justicia (las Fiscalías federal, local y estatales –ministerios públicos y policías–).

Hábil, sin duda, para hacer narrativas sesgadas según conveniencia, aprovechó sus más de 1500 conferencias mañaneras hasta ahora, en decenas de ocasiones, quizá hasta cientos de veces en culpar a ministros, magistrados y jueces del problema de injusticia que padece el país.

Con argumentos de trascendencia histórica sustentó la premura de aprobar la primera de sus 18 iniciativas de reformas constitucionales incluidas en su Plan “C” o testamento político envenenado que ha impuesto a su sucesora. ¿Por qué tanta prisa?

No acepta que la impunidad creció –a más del 90%– porque en muchos de los casos las fiscalías, supuestamente autónomas, operan como medios de coerción penal; presentan acusaciones mal formuladas, por lo que los jueces han tenido que liberar a delincuentes. En el caso de las iniciativas presidenciales que fueron rechazadas por la SCJN, éstas no se apegaban a la Constitución.

En 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de las 25 instituciones o actores de la sociedad en las que la población de 18 años y más percibe mucha o algo de confianza. En esta medición, los jueces y magistrados obtuvieron sólo un 39.4%; seguidos del ministerio público o fiscalía estatal con 38.6%; en tanto que policías con 37.1%; mientras que las cámaras de diputados y senadores 34.5%.

Sin duda estos resultados señalan la necesidad de hacer una reforma integral del sistema nacional de justicia, pero esta debería partir de un diagnóstico imparcial en el que se tomen en cuenta a quienes más saben sobre el tema, que sea producto de los foros organizados por la Cámara de Diputados, que no sea resultado de venganzas personales ni haga prevalecer razones políticas o ideológicas que pongan en riesgo a la democracia o pretendan extinguir al capital humano existente en el Poder Judicial.

Dicen los que saben que de aprobarse la reforma estará en riesgo la posibilidad de dar respuesta a las demandas de justicia de la población del país. En lugar de gastar miles de millones de pesos en una elección absurda, mejor sería destinar esos recursos en mejoras para fortalecer a los órganos existentes, crear más Defensorías Públicas en lugares remotos, ingresar a más abogados a la carrera judicial para atender la insuficiencia de personal y el rezago, capacitar más en juicios orales, profesionalizar al personal de todo el Sistema de Justicia –incluidos órganos de procuración-, etcétera.

El Índice Global de Estado de derecho 2023, elaborado por el World Justice Project (WJP) en 142 países democráticos, concluyó que, en los últimos siete años, han descendido los “límites al poder gubernamental” en 74 por ciento, como resultado de que las legislaturas, Poderes Judiciales, sociedad civil y medios de comunicación perdieron terreno como contrapesos de quienes ocupan la titularidad de los Poderes Ejecutivos.

México ocupó el lugar 116 de los 142 –lo que no es para celebrar–, con base en la medición del cumplimiento de cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Estamos detrás de Angola y Madagascar; y en América Latina, en el lugar 27 de 32 países, detrás de El Salvador y Guatemala.

Dejemos de ser complacientes, los ciudadanos debemos exigirles a los gobernantes que velen por nuestros derechos a tener representación justa en el Congreso de la Unión –aún como minorías–; una justicia pronta y expedita, con jueces autónomos y capaces, no sumisos al poder dominante; hagámonos escuchar integrados en organizaciones de la sociedad civil, y cuidemos de preservar nuestros derechos a la libre expresión y a la información plural. Más vale prevenir que lamentar.