La Asociación de Bancos de México (ABM) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fortalecer la seguridad jurídica como condición esencial para ampliar el acceso al crédito y garantizar un entorno financiero estable para los mexicanos.

Durante un encuentro entre el presidente de la ABM, Emilio Romano Mussali, y el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, el gremio bancario reiteró su compromiso con una justicia financiera equitativa, pero subrayó que la certeza en la aplicación de las leyes es indispensable para seguir impulsando el financiamiento a familias y empresas.

“La banca requiere de seguridad jurídica para otorgar más y mejores créditos a sectores más amplios de la población, y tiene el compromiso de trabajar de la mano en conseguir justicia financiera”, expresó Romano Mussali, acompañado por integrantes del Comité de Dirección de la ABM.

SCJN promete cooperación y diálogo con el sector financiero

En respuesta, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reconoció la importancia de la banca como motor del desarrollo económico nacional, y se comprometió a revisar los temas legales que afectan al sector, con el propósito de trazar una hoja de ruta de trabajo conjunto.

“La nueva Suprema Corte impulsará mecanismos de comunicación y cooperación con el sector bancario para contribuir a la certeza jurídica que requiere la economía nacional, reafirmando su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del país”, aseguró Aguilar.

El titular del máximo tribunal del país destacó la relevancia de mantener espacios permanentes de diálogo entre la SCJN y los sectores productivos, con el fin de identificar desafíos comunes y fortalecer el marco legal que sustenta la estabilidad económica.

Compromiso por la justicia financiera

La ABM reiteró su disposición para trabajar coordinadamente con el Poder Judicial en la construcción de un entorno regulatorio predecible y justo, que fomente el crédito, la inversión y el crecimiento económico.

El encuentro, considerado por ambos líderes como un paso importante en la relación institucional entre la banca y la Corte, busca garantizar que las decisiones judiciales y las políticas financieras contribuyan al bienestar sostenible de la población mexicana.