La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que el nivel de violencia registrado durante la reciente campaña electoral en México ha sido alarmante y planteó que es fundamental que se castiguen los actos criminales cometidos y se garantice que no se repetirán.

México celebró el pasado 6 de junio unas elecciones que han sido consideradas las más grandes de la historia del país puesto que en ellas se renovaban más de 20.000 cargos de elección popular, entre ellos 500 miembros de la Cámara de Diputados, las gobernaciones de 15 estados y miles de cargos en congresos locales y ayuntamientos.

México fue uno de los países de preocupación que Bachelet mencionó hoy en la presentación del informe de su oficina en la sesión inaugural de las 47º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

En su intervención dirigida a las delegaciones de los 47 Estados miembros de este órgano, además de todos los que participan como observadores y oenegés, Bachelet dijo que se ha documentado el asesinato de al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre los cuales 36 se presentaban como candidatos.

Estas muertes tuvieron lugar entre el pasado septiembre, cuando comenzó la campaña, y los días previos a las elecciones.

La alta comisionada dijo que no había que olvidar que muchos otros participantes en el proceso electoral fueron atacados o amenazados, una ola de violencia que también afectó a simpatizantes de un partido u otro, así como a funcionarios a trabajaban para que los comicios pudieran tener lugar.

Entre las formas de violencia observadas hubo violencia de género, así como de carácter sexual, y campañas de difamación.

Además de sancionar todos estos crímenes, Bachelet pidió al Gobierno mexicano que se abstenga de utilizar un lenguaje que descalifique a aquellos que critican a las autoridades o que pueda poner en cuestión la independencia de organismos públicos autónomos, incluidas entidades electorales.

Bachelet también comentó la situación en Colombia y manifestó su condena a “todas las formas de violencia”, llamó a que se respete totalmente el derecho a la reunión pacífica” y alentó “un diálogo que resuelva la crisis”.

La Oficina de la alta comisionada en Ginebra tiene conocimiento fundado de 56 muertes (54 civiles y 2 policías) ocurridas en el contexto de las protestas antigubernamentales que se iniciaron a fines de abril en Colombia, con la mayoría de vidas perdidas en la ciudad de Cali.

Bachelet denunció también la actuación de grupos que están cometiendo abusos y que han establecido barricadas que están afectando los derechos humanos de la población.