La Cámara de Diputados avaló en lo general la nueva legislación en materia de transparencia, con las que se regulan las funciones que ejercía el INAI para ser transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que crea el nuevo órgano administrativo desconcentrado denominado “Transparencia para el pueblo”.

Tras cinco horas de debate, Morena y sus aliados respaldaron el dictamen con 330 votos a favor en su discusión en lo particular, ante 126 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, sin aceptarse alguna de las reservas. El documento fue remitido al Ejecutivo federal para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Sin modificaciones a la minuta enviada por el Senado, se crea con ello la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Al presentar el dictamen en tribuna, el petista Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, arropado por legisladores de su partido y de Morena, explicó que el nuevo esquema implica la creación de 18 autoridades especializadas según el ámbito obligado, lo que permitirá una gestión más eficiente de cada solicitud.

Por tanto, “se descentraliza el acceso a la información y se traslada las funciones del INAI a múltiples autoridades especializadas”.

Subrayó que la creación del nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción, Transparencia para el Pueblo, “generará un ahorro anual de casi mil 100 millones de pesos”, ya que la Secretaría Anticorrupción absorberá el 80 por ciento del trabajo del INAI, pero sólo con el 35 por ciento del costo de su estructura.

Las leyes se sustentan en principios constitucionales robustos y garantizan el pleno respeto a los derechos humanos, especialmente en el derecho a la privacidad y acceso a la información, agregó.

Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano adelantaron su voto en contra. La emecista Iraís Reyes reclamó que se esperaba un parlamento abierto y afirmó que, pese a crearse un órgano desconcentrado, éste será parte del gobierno federal. Además, criticó que se establece que se podrá reservar la información cuando ello genere paz social.

Momentos antes, Laura Ballesteros, también de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva para frenar la discusión al considerar que la legislación es violatoria de los derechos de los trabajadores y aseveró que “es como pedirle al zorro que vigile el gallinero; el gobierno no puede autovigilarse de sus propias corruptelas”. La petición fue desechada.

En tanto, el panista Héctor Jaime Ramírez aseguró que, si la reforma hubiera salido antes, no se hubieran dado a conocer varios convenios firmados en el sexenio pasado. Advirtió que se podrá compartir la información privada sin consentimiento.

“¿Cómo puede ser garante de transparencia un órgano que responde al gobierno?”, cuestionó al indicar que “se creará un laberinto burocrático para evitar el acceso a la verdad”.

Con una réplica de una caja fuerte con el letrero de “transparencia para el pueblo”, el también panista Ernesto Sánchez simuló guardar dentro información de distintos casos públicos. Afirmó que el gobierno será juez y parte con esta legislación.

Por parte de Morena, Claudia Rivera Vivanco expuso que la oposición “quiere vender que antes todo estaba bien, todo funcionada, y que, con la reforma, todo se va a perder; falso. El INAI nació con una buena intención, pero la ambición de unos cuantos provocó que fracasara”. Y remató que con las leyes secundarias “ahí sí viviremos una auténtica transparencia, como decían, hasta el infinito y más allá”.

En los artículos transitorios del dictamen aprobado, se define que los derechos laborales de los trabajadores del INAI “serán respetados, en términos de la legislación aplicable”, y “los recursos humanos con que cuente el referido instituto, pasarán a formar parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”. De igual forma, los recursos materiales con que cuente el Instituto serán transferidos a la secretaría.

También los recursos financieros, así como los correspondientes al valor del inventario o plantilla de plazas se trasladarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.