Las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía del Gobierno de México trabajan de manera coordinada con los productores del país para dar cumplimiento al decreto sobre la eliminación gradual de los usos del glifosato y de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las y los mexicanos.

En una reunión con representantes del sector productivo, se dieron a conocer medidas que llevará a cabo el gobierno mexicano para sustituir paulatinamente el uso de maíz amarillo genéticamente modificado, proveniente de las importaciones (que en los últimos años se han ubicado en alrededor de 16 millones de toneladas anuales) y que se destina prioritariamente a la alimentación animal.

Como parte de la iniciativa público-privada “Maíz para México”, que tiene la finalidad de contribuir a la meta de avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, la Secretaría de Agricultura impulsará la producción de maíz amarillo en las entidades federativas que cuenten con este potencial productivo y estén vinculadas a los principales centros de consumo. En la medida en que se avance en el incremento de volúmenes, se propiciará el abasto del sector pecuario con producción doméstica, reduciendo el nivel de las importaciones actuales.

Igualmente, se impulsará la reconversión productiva hacia granos forrajeros y oleaginosas con cultivos de ciclo corto y menor demanda de agua, principalmente en regiones con alto estrés hídrico, con el fin de contribuir a satisfacer las necesidades de la industria pecuaria, cuyas tasas de crecimiento en México han estado en ascenso, con base en factores como la ubicación geográfica del país y el favorable estatus sanitario.

Se mantendrá una estrecha coordinación entre dependencias federales y el sector agroalimentario para lograr gradualmente lo establecido en el decreto y garantizar a las cadenas productivas el abasto que requieren de granos para mantener su dinamismo, cuyos resultados generan empleos e inversión en el medio rural, además de contribuir a la disponibilidad de alimentos.

El decreto referido establece que a partir de su entrada en vigor la Administración Pública Federal debe abstenerse de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar el glifosato en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno.