Ante el creciente interés por invertir en proyectos productivos en México, la empresa Citrus Patrimonial anunció la expansión de sus operaciones con la adquisición de nuevas tierras de cultivo en Yucatán, así como la emisión de certificados de participación dirigidos a inversionistas.

Rodrigo Castilla, vicepresidente de la compañía, informó sobre la compra de un terreno de 150 hectáreas denominado Jaguar 5, ubicado al sur del estado, cerca de la frontera con Quintana Roo. En este predio se desarrollarán cultivos de limón persa enfocados en atender la creciente demanda internacional, principalmente en Estados Unidos y países de Asia.

Castilla destacó que Estados Unidos se mantiene como el principal comprador de limón mexicano, al concentrar cerca del 98% de las exportaciones. A nivel global, el mercado del limón tiene un valor aproximado de 19 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones alcanzan los 3 mil 438 millones de dólares, de los cuales 822 millones corresponden a México.

Uno de los principales atractivos de este cultivo es su producción constante a lo largo del año, ya que puede generar hasta 14 cortes en un periodo de 12 meses, lo que garantiza oferta continua en el mercado.

El directivo explicó que, a través de Citrus Patrimonial, los inversionistas pueden participar mediante la adquisición de certificados de plantación con un valor de 300 mil pesos, que representan la posesión de 30 árboles de limón persa en parcelas de mil metros cuadrados dentro del nuevo desarrollo agrícola en Yucatán.

Este modelo busca facilitar el acceso a inversiones en el sector agroindustrial, permitiendo a más personas integrarse a proyectos productivos con proyección internacional. De acuerdo con la empresa, durante los primeros 48 meses los árboles alcanzan su madurez productiva; posteriormente, las utilidades se distribuyen en un 65% para el inversionista y 35% para la operación y mantenimiento.

La compañía se encarga de todo el proceso, desde el cultivo hasta la comercialización en mercados nacionales e internacionales, mientras que las ganancias se gestionan a través de un fideicomiso diseñado para ofrecer transparencia y seguridad jurídica.

Además, Castilla subrayó que este modelo impulsa el desarrollo regional al generar alrededor de 300 empleos en comunidades locales, mejorando las condiciones laborales con salarios competitivos, prestaciones y servicios de salud.

También destacó el impacto social del proyecto, que incluye iniciativas como la protección de abejas y el impulso a la comercialización de productos derivados de la apicultura.

Finalmente, señaló que este tipo de proyectos contribuyen al desarrollo económico de distintas regiones del estado, más allá de polos tradicionales como Mérida, Progreso y Chichén Itzá, fortaleciendo así la economía local de manera más equilibrada.