El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que coordina el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), se reunió con expertos en materia educativa, con el fin de conocer sus posturas sobre las necesidades presupuestarias de ese sector.

El legislador explicó que se busca avanzar en la redacción final de lo que sería el capítulo relativo a la educación en todos los niveles, a través de un diagnóstico sobre la situación general, problemas estructurales y las carencias que se han incrementado por la pandemia.

“El borrador que hoy les damos a conocer es un primer avance que quisiéramos que nos ayudaran a corregir, enriquecer y hacer las observaciones sobre la redacción”, agregó.

Informó que la idea es entregar la próxima semana el documento final a la Junta de Coordinación Política y a los legisladores, el cual servirá de base respecto de las exigencias presupuestales del próximo año, así como los cambios institucionales y de políticas públicas que se tengan que realizar.

“Queremos darle fuerza a las acciones afirmativas y atender las carencias que han aumentado en estos momentos de pandemia. Se enriquecerá muchísimo la propuesta final que entregaremos a la próxima Legislatura”, señaló.

Al dar lectura al documento sobre los requerimientos de gasto en materia educativa, Adriana Hernández Hortiales, enlace técnico del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, comentó que el espacio fiscal donde se puede aplicar la política pública solamente representa el 10 por ciento del gasto programable; sin embargo, es necesario garantizar la educación superior para la población y que no está presupuestada.

Abundó que para que los alumnos puedan retornar a las escuelas de manera segura es importante que haya un buen nivel de inversión en infraestructura, superior a otros años, porque se requiere que al menos las instalaciones educativas cuenten con lavamanos.

Explicó que el monto para educación en 2021 representa solamente el 3.3 por ciento del PIB, dato inferior a lo recomendado por la UNESCO. “El 98.1 por ciento de la asignación presupuestal se destina a gasto corriente y solamente el 1.9 por ciento es para inversión física, lo que se ha mantenido en los últimos 10 años”.

Puntualizó que los recursos deben ser orientados a donde más se requieran, no únicamente para gasto corriente, sin incluir el que va al pago de nómina. “Durante el tiempo de pandemia muchas escuelas han sido vandalizadas y no están en las condiciones necesarias para recibir al alumnado”.

Alejandra Macías Sánchez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señaló que un estudio sobre la infraestructura de higiene para un regreso seguro de los estudiantes a las escuelas, destaca que 62 mil planteles de educación básica no tienen ni un lavamanos. Se requieren 10 mil millones de pesos para enfrentar esta situación porque “hay escuelas que no tienen sanitarios o agua”.

Alice Zahí Martínez Treviño, directora ejecutiva de Análisis de Gasto Federalizado, del Coneval, aseguró que por la pandemia las brechas en materia educativa se van a profundizar, además de que muchos alumnos requieren de apoyo para uniformes, tabletas, transporte, alimentación y salud, lo cual se ha perdido al estar desvinculados del sistema educativo presencial.

Carmen Enedina Rodríguez, directora general de Educación Superior de la SEP, celebró que se comente algo tan relevante como el regreso a clases y fondos para el saneamiento financiero de las instituciones. “Es importante que se retomen los fondos para que se recapitalicen los fideicomisos de pensiones”.

Héctor Juan Villarreal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, dijo que, aunque se va contra el tiempo, aún se pueden recibir recomendaciones, porque se trata de una visión de política social en un marco muy amplio. “La competencia de recursos será muy fuerte, son temas muy nobles, pero al estirar la cobija algo quedará descubierto”.

Tania de la Garza, especialista en evaluación, pidió hacer énfasis en la población vulnerable y en la más pobre, donde los hijos tienen más problemas y las brechas de desigualdad se disparan, especialmente en la población no escolarizada. “Propongo que haya un aumento de recursos para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, a fin de que atienda a este sector en el contexto del COVID”.