Por Guillermo Pimentel Balderas

Pone en riesgo también a defensores de derechos humanos.

Definitivamente, resulta absurdo que el Gobierno mexicano disimule sus obligaciones y que, la mayoría de los legisladores estén en contra de las libertades de expresión y de prensa. Seguramente, serán enjuiciados por la historia.

En tanto, organizaciones serias de comunicadores profesionales, alertan el incremento de casos de acoso, arresto y violencia física contra estos personajes que garantizan la democracia en México.

En los últimos años (con gobiernos panistas, priistas y morenistas), se documenta que se han incrementado los casos de acoso, arresto y violencia física contra periodistas, sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad de los gobiernos y en ocasiones por los propios manifestantes.

Por ello, el gremio organizado que conforman la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; el Club Primera Plana, CPP, y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, no sólo se unen a la demanda de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la exigencia de seguridad de los periodistas que cubren protestas, sino la hace suya en el principio fundamental y transcendente del respeto irrestricto de las libertades de prensa y de expresión.

La UNESCO, ha denunciado en un documento que cientos de periodistas fueron acosados, golpeados, intimidados, arrestados, vigilados y secuestrados en todo el mundo, además de haber sufrido la destrucción de sus equipos, mientras intentaban cubrir protestas.

Por su parte, colegas aglutinados en estos auténticos organismos, subrayan por medio de un comunicado que la tarea de los periodistas es esencial para informar y dar a conocer al público los movimientos de las manifestaciones. Sin embargo, lamentan que las cifras reunidas muestran que se requiere mayores esfuerzos por lo que reclaman a la comunidad internacional y a todas las autoridades competentes que garanticen el respeto de estos derechos fundamentales.

Al hacer memoria que desde 2015, al menos 10 periodistas fueron asesinados mientras cubrían protestas, y que la UNESCO, cuya Directora General, Audrey Azoulay, ha denunciado esos asesinatos, detallan que la mayoría de los ataques fueron realizados por la policía y las fuerzas de seguridad.

En varios países, la munición no letal usada por la policía -que va desde balas de goma hasta balas de pimienta- ha lesionado a decenas de periodistas e incluso ha dejado a algunos ciegos de un ojo.

También, en algunas naciones la introducción de nuevos proyectiles, flash balls y balas expansivas (butterfly bullets), diseñadas para producir una pequeña descarga o desplegar una metralla tras el impacto, causó daño a muchos periodistas.

Otros tantos, refiere el documento, resultaron heridos, algunos de gravedad, por disparos de munición viva efectuados por la policía, que también arrestó, golpeó y, en algunos casos, humilló a los periodistas, obligándolos, por ejemplo, a quitarse la camisa y tirarse al piso mientras les pegaban y les hacían preguntas humillantes.

Y, en ocasiones, se relata en el escrito, los funcionarios de gobiernos locales han obtenido y publicado información privada e identificable de los periodistas -una práctica conocida como doxxing- llegando incluso a compartir sus direcciones y los nombres de sus hijos, y a criticar su cobertura de las protestas.

Reclaman que algunas autoridades de gobierno, censuraron o clausuraron medios de comunicación impresos, medios de radiodifusión y en línea, o bloquearon sitios web en Internet, así como los SMS o los mensajes de texto que se envían a través de los teléfonos celulares.

En dicho documento, también explican que Doxxing, es la práctica de obtener y publicar información privada e identificable sobre personas, generalmente con intención maliciosa.

“La tarea de los periodistas es esencial para informar y dar a conocer al público los movimientos de las manifestaciones, por lo que desde hace muchos años, la UNESCO ha venido sensibilizando a la opinión pública de todo el mundo para que puedan desempeñarla con seguridad y sin temor a la persecución, y ha capacitado a las fuerzas de seguridad y al poder judicial sobre las normas internacionales relativas a la libertad de expresión. Sin embargo, las cifras reunidas en este informe muestran que son precisos esfuerzos mucho mayores, por lo que pedimos a la comunidad internacional y a todas las autoridades competentes que garanticen el respeto de estos derechos fundamentales”, resaltan.

Por derogar Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Compaginado a esto, el Gobierno mexicano en funciones, principalmente por medio de los diputados federales del partido Morena, están por derogar –próximo martes-, más de 100 Fondos y Fideicomisos, los cuales, según Andrés Manuel López Obrador, estaban “fuera de control”; en manos de intermediarios y con muchos “aviadores” y corrupción.

Los legisladores, al hacer cumplir otra de las 100 “promesas” del Presidente, desaparecerán los recursos comprometidos en el apartado público del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Entonces, habría que ver como repartirán directamente los recursos. Ojala y no se aprovechen de esta propuesta presidencial los indigentes del periodismo.

Todo parece indicar que, el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y los morenistas, principalmente, comprometen, no sólo el desarrollo del ejercicio democrático, sino se pierden avances en materia de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho a que la sociedad se documente sobre el actuar público.

 Ni Chairo, ni Fifí, mucho menos traidor…