Con 53 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Justicia Cívica para establecer infracciones especiales contra el uso indebido de la vía y el espacio público, con el fin de sancionar abusos cometidos por los llamados “franeleros” y prevenir posibles actos delictivos.

La reforma contempla un nuevo artículo 28 Bis que tipifica cuatro conductas sancionables: apartar con cualquier objeto lugares de estacionamiento; obstaculizar o impedir su uso; exigir pago por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos; y aprovecharse de la vía pública para obtener un beneficio.

Por estas faltas, se impondrá un arresto inconmutable de 25 a 36 horas. La medida entrará en vigor 30 días naturales después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El dictamen, propuesto por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, fue presentado por el diputado de Morena, Pedro Haces, quien subrayó que “el espacio público es del pueblo y lo que es del pueblo no se aparta, no se cobra, no se vende, no se renta”, calificando estas prácticas como “una extorsión disfrazada de servicio”.

Actualmente, estas conductas se sancionan como obstrucción de la vía pública con multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (equivalentes a 2 mil 375.94 a 3 mil 394.20 pesos), arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

El régimen transitorio de la reforma establece que el Gobierno capitalino, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, deberá ofrecer a las personas infractoras programas de empleo y apoyo a proyectos productivos.

Al fijar postura, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, señaló que la medida forma parte de una estrategia integral que también contempla políticas públicas para apoyar a quienes dependen económicamente de esta actividad.