Ante las protestas y movilizaciones de productores del campo, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció que el gobierno federal establecerá un precio de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, lo que representa un incremento del 25% respecto al precio internacional del grano puesto en el centro del país.

En un mensaje difundido en redes sociales, Berdegué explicó que la medida contempla además créditos con una tasa de interés anual del 8.5% y la inclusión de un seguro agropecuario para los productores beneficiados.

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se instalaría una mesa de trabajo con representantes del sector agrícola para definir apoyos y diseñar una estrategia de largo plazo que proteja a los agricultores nacionales ante la caída de los precios internacionales de los granos.

Sheinbaum recordó que el precio de la tonelada de maíz cayó de 7 mil a 3 mil 200 pesos desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, y subrayó que el precio en México está vinculado a la Bolsa de Chicago, conforme a los acuerdos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras la primera reunión, Berdegué adelantó que las ventanillas se abrirán en los próximos días para que los productores de las tres entidades puedan registrarse y acceder al esquema de apoyo. Asimismo, los gobiernos estatales de Jalisco, Guanajuato y Michoacán publicarán su propia mecánica operativa de apoyo complementario para garantizar el precio establecido.

“Estamos abiertos al diálogo y seguiremos trabajando con los productores para garantizar que este acuerdo se cumpla en beneficio de todos”, señaló el titular de Agricultura.

Durante la jornada, se reportaron bloqueos en casetas y puntos carreteros estratégicos en distintos estados como parte de una movilización nacional. Aunque la mesa de negociación se prolongó por más de cinco horas, no se alcanzó un acuerdo definitivo.

Los productores insistieron en que el precio actual del maíz no cubre los costos de producción, lo que pone en riesgo la rentabilidad del sector. “Llevamos más de un año esperando una respuesta. Ya no hay margen”, afirmó uno de los representantes agrarios.

El conflicto, advirtieron las organizaciones campesinas, podría escalar en los próximos días si no se concreta una solución integral, lo que generaría impactos en el abasto alimentario y la estabilidad económica de las zonas rurales.