El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), expuso que las reformas a las diversas disposiciones en materia fiscal, contenidas en el Paquete Económico 2022, buscan el estricto apego a los principios tributarios previstos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política.

Indicó que la instancia legislativa está comprometida en promover y coordinar los mecanismos de participación de los diferentes sectores de la sociedad mexicana, en el desarrollo de su labor conferida en dichas disposiciones, y el Parlamento Abierto es ejemplo de la participación plural de los distintos agentes sobre los cuales inciden las reformas propuestas.

En este contexto, dijo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público “refrenda su compromiso con los diferentes sectores para generar certidumbre en materia tributaria a los contribuyentes, además de coadyuvar al fortalecimiento del sistema fiscal y las finanzas públicas que en medio de la pandemia provocada por el Covid-19 han sido golpeadas”.

Agradeció la participación en este ejercicio plural para exponer diversas aseveraciones que refuerzan el análisis respecto del nuevo modelo de simplificación administrativa y de reforzamiento de la certeza jurídica, para lograr una eficiente y equitativo Sistema Tributario Mexicano.

Comentó que los contenidos de las participaciones podrán consultarse en el micrositio de la Comisión, mismas que en su momento serán analizadas técnica y jurídicamente, en conjunto con las iniciativas y demás propuestas presentadas por los diversos grupos parlamentarios y, en su caso, vertidas dentro del dictamen. “La Comisión continuará con el análisis de todas aquellas propuestas que se recaben con relación con el Paquete Económico para el 2022”.

Diversos asistentes al foro, coincidieron en calificar como excesiva y violatoria de derechos, la obligación que se quiere imponer a contadores y auditores en materia de “dictamen fiscal”, de denunciar presuntos delitos fiscales de sus clientes, o serán penalizados como cómplices. “Y en su caso señalar las conductas que presumiblemente sean delictivas.

El artículo 21 de la Constitución señala que es potestad del Ministerio Público la investigación de los delitos, me parece que va a haber una antinomia muy fuerte”, dijo Luis Alberto Plascencia.

El representante de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente enfatizó que la denuncia e investigación de delitos fiscales compete a otras autoridades, no a contadores ni a auditores públicos. En ello coincidió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), pidieron hacer aclaraciones sobre el régimen fiscal simplificado.

Hicieron notar que en la propuesta de Ingresos y Miscelánea Fiscal 2022, esa modalidad de tributación está catalogada como “estímulo fiscal” y por lo tanto, se debe especificar que no será obligatorio. Los contribuyentes deben tener opciones, demandaron.

“No pareciera ser que se trata de un régimen opcional, sino de un régimen de carácter obligatorio, nuestra recomendación es que se señale que se trata de un régimen opcional”, pidió Patricia López, representante de la COPARMEX.

Solicitaron a los congresistas precisar los alcances del trámite obligatorio del RFC para todo mayor de 18 años. Debe establecerse claramente que deberán cumplir ese requisito, pero no estarán obligados a presentar declaraciones fiscales mensuales ni de ningún tipo, hasta que cuenten con algún ingreso.

También refirieron a las normas que se busca establecer en 2022 en materia de cancelación de sellos digitales, requisitos y criterios para fusiones, escisiones o reestructura de empresas y su posible retroactividad; las medidas sobre declaración de “razón de negocios”.

Plantearon reservas sobre las nuevas disposiciones para deducir; en materia de ahorro voluntario y las limitaciones a esa práctica; responsabilidades solidarias; límites para plazos de “acuerdos conclusivos”; embargo a través del buzón tributario, y otras medidas