Amnistía Internacional (AI) advirtió este martes que la “criminalización” de activistas y periodistas, así como la “desprotección” de las personas migrantes, fueron las principales problemáticas de México en 2023.

En su informe ‘La situación de los derechos humanos en el mundo’, la organización denunció que, durante el año pasado, el Estado mexicano “criminalizó a los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente”.

“Los asesinatos de periodistas y personas defensoras eran frecuentes”, alertó el reporte. A la vez, subrayó los cinco profesionales asesinados “por motivos probablemente relacionados con su trabajo” y los 31 activistas, según datos de las organizaciones Artículo 19 y Global Witness.

En este rubro, AI lamentó que el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, siguiera construyendo el Tren Maya, su proyecto emblemático en el sureste del país, a pesar de la “preocupación por su impacto” medioambiental.

Por otra parte, cargó contra las autoridades por “seguir sin tomar medidas para proteger a las personas refugiadas y migrantes”, en un año en que el flujo migratorio aumentó un 77,2 % respecto de 2022.

Como ejemplo, AI expuso el incendio que asoló un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez (fronterizo estado de Chihuahua) y que dejó “al menos” 40 muertos y 29 hospitalizados.

“Se presumía que las habían dejado encerradas después de que se hubiera declarado el incendio”, reveló el informe.

Sin embargo, reconoció la “sentencia histórica” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que limita a 36 horas el plazo máximo de estancia en los centros de detención migratoria. Polémica por el censo de desaparecidos.

La organización también recogió la polémica que rodeó en 2023 al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que llegó a su cenit con la dimisión de la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, tras el anuncio del presidente de crear un nuevo censo.

En 2023, la CNB registró 12.031 casos nuevos de desapariciones, que elevan a 114.004 las personas en paradero desconocido desde 1962, una cifra que el presidente López Obrador ha criticado como “poco fiables y demasiado altos”.

AI añade la “falta de colaboración” de las autoridades con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dedicado a esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, lo que provocó su salida de México tras publicar un último informe.

En él, subrayaron “la participación de las fuerzas armadas” en estas desapariciones y “la falta de acceso” a la información perteneciente al sector público.

Por último, la organización también achacó a México el uso “excesivo e innecesario” de la fuerza, el aumento de la presencia de militares en la vida pública y un número de casos de violencia sexual y feminicidio que sigue siendo “elevado”.