Amnistía Internacional (AI) expresó este viernes su preocupación por la retirada de Argentina de la denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Ante la gravedad de la decisión argentina de retirar la denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional insta al Gobierno que se posicione enérgicamente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, expresó la organzación en un comunicado.

Remarcó que Venezuela atraviesa una “gravísima” crisis de derechos humanos sobre la cual ha denunciado delitos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad y pidió a Agentina que apoye la investigación de la CPI).

En septiembre de 2018, los Gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, entonces presidida por el conservador Mauricio Macri (2015-2019), solicitaron a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.

Pero el actual Gobierno de Alberto Fernández decidió en marzo pasado retirarse del Grupo de Lima, que desconoce la presidencia de Nicolás Maduro, y este jueves se retiró de la demanda.

Amnistía Internacional explicó en el comunicado que la directora ejecutiva de la organziación en Argentina, Mariel Belski, mandó una carta a la Cancillería de ese país en la que expresó “sorpresa y preocupación” ante la decisión del Ejecutivo.

Apuntó que Argentina es un país con una gran trayectoria e historia en su política exterior de derechos humanos y por ello “sería sorprendente y alarmante que haya decidido retirarse de esta solicitud de investigación”, apuntó.

En la misiva, Belski dijo que esta investigación reconoce el “rol clave” de la CPI para garantizar justicia y reparación a las víctimas de los crímenes internacionales y graves violaciones de derechos en Venezuela.

Destacó los informes y estudios que ha realizado la organización en dicho país, en donde se han registrado ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte del Gobierno de Nicolás Maduro “de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017”.