Luego de que se eliminara la prisión preventiva oficiosa de forma automática en 18 estados mexicanos, Amnistía Internacional (AI) se congratuló por la medida adoptada, aunque no quitó el dedo del renglón y exigió fortalecer todo el sistema judicial del país.

“Amnistía Internacional llama al Estado mexicano a fortalecer un sistema de justicia que privilegie y garantice los derechos humanos”, señaló la organización en un breve pronunciamiento en sus redes sociales.

La figura de la prisión preventiva ha causado polémica entre organizaciones nacionales e internacionales, ya que permite la privación de la libertad automática de personas acusadas de cometer delitos graves, sin que existan cargos o evidencias por un periodo de hasta 80 días, mientras se llevan a cabo las investigaciones ministeriales pertinentes.

Sin embargo, el viernes pasado el Pleno Regional en materia penal de la Región Centro-Norte del Poder Judicial mexicano, con sede en Ciudad México, determinó que es permisible conceder la suspensión de la medida cautelar cuando se interponga un recurso de amparo.

“Es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, señaló el Poder Judicial.

Esta determinación se dio como acato a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México.

En estos casos, entre otras cuestiones, se condenó al Estado mexicano porque la figura desestima la presunción de inocencia, es incompatible a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), porque se declaró la convencionalidad de la medida.

“Amnistía Internacional se congratula por la decisión del Pleno Regional de eliminar la prisión preventiva oficiosa en 18 estados de México, conforme a las sentencias emitidas por la CIDH”, expresó AI.

Amnistía Internacional no dejó de exigir la eliminación de esta medida desde enero pasado, cuando la CIDH se pronunció en contra de esta medida.

Esta resolución solo aplicará en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, en el centro de México.

Así como en Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur y Tlaxcala, en el norte del país.