La organización Amnistía Internacional (AI) apoyó hoy la denuncia penal presentada ante la justicia argentina por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ) por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“La demanda penal presentada hoy ante la justicia federal argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y la CFJ, sobre crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas, es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, dijo AI en un comunicado.

Para la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, la Justicia argentina “tiene la obligación” de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores.

“Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la CFJ, no pueden caer en oídos sordos” y la justicia federal de Argentina “debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”, agregó Guevara Rosas.

La demanda se enmarca en la política de represión del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde 2014, que incluye la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y persecución por motivos políticos.

El equipo The Docket de CFJ -que reúne evidencias de crímenes internacionales para desencadenar el procesamiento de sus autores- representa en la denuncia en Argentina a familiares de dos víctimas de violencia indiscriminada en Venezuela.

AI recuerda que los ataques han adquirido el “carácter de sistemáticos y generalizados” en contra de quienes son percibidos como opositores al gobierno, lo que los constituye en crímenes de lesa humanidad, una conclusión igualmente sostenida por la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, creada en 2019.

“Las víctimas que han denunciado crímenes de lesa humanidad hoy han puesto sus esperanzas de justicia en Argentina”, sostuvo la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski, quien instó al sistema de justicia argentino a que “esté a la altura de las circunstancias”.

El derecho internacional permite que todo Estado esté facultado para investigar y sancionar a los responsables de crímenes de derecho internacional, en tanto AI señaló que el principio de jurisdicción universal ha sido reconocido por el 85 % de los países del mundo.

Según AI, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hasta 2011, al menos 20 Estados han llevado a cabo investigaciones basadas en la jurisdicción universal para los crímenes más graves.

En el caso particular de Argentina resaltó la querella iniciada en 2010 contra crímenes de derecho internacional perpetrados en España durante el régimen del general Francisco Franco (1936-1975) y hasta 1977, y la investigación abierta en 2021 sobre el posible genocidio del pueblo rohinyá en Myanmar.