Un grupo de migrantes, personas de la comunidad LGBT y activistas del colectivo Defended Asylum se manifestaron este lunes en la ciudad mexicana de Tijuana en contra del Título 42, la política migratoria que permite la expulsión inmediata o la negativa directa a los migrantes que buscan protección en la frontera de Estados Unidos.

Este 21 de marzo se cumplieron dos años desde que la Administración del ahora expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) “convirtiera en arma la ley de salud pública de Estados Unidos”, dijo a medios antes de la manifestación Judith Cabrera, codirectora de Border Line Crisis Center.

Este segundo aniversario fue lo que motivó la protesta al considerar el Título 42 como “una política cruel e ilegal que devuelve a las familias y adultos migrantes al peligro del que huían”.

Los activistas y migrantes criticaron que esta política continúe vigente bajo el mandato de Joe Biden y siga expulsando migrantes “principalmente por motivos de xenofobia y discriminación”, dijo Cabrera, quien también compartió que en estos dos años la organización Human Rights First ha documentado al menos 9.000 agresiones violentas contra migrantes que esperan en la frontera mexicana.

Francel, migrante originario de Haití y uno de los afectados, dijo a medios que por esta política migratoria su hermana murió en su país luego de haber sido deportada el año pasado. Condenó que Estados Unidos en dos años haya retornado a su país a más de 22.000 haitianos, pese a la crisis que se vive en el país caribeño.

La activista Gina Garibo, de Defended Asylum Tijuana, aseguró que en la ciudad hay personas inmigrantes de la comunidad LGBT, rechazadas por cuestiones “xenófobas y racistas”, que están a la espera de poder solicitar el asilo.

Estos, dijo, han sido agredidos incluso por la Policía mexicana, lo cual es ejemplo “de la discriminación que sufren de este lado de la frontera”.

Los activistas y migrantes también participaron en una marcha en la protesta pacífica que se dirigió hacia el puerto fronterizo de San Ysidro, donde con pancartas y consignas mostraron su rechazo hacia esta política migratoria, pidiendo principalmente un alto a las deportaciones y la reanudación de las solicitudes de asilo.

De la comitiva, un grupo de 12 personas se aproximó hasta la entrada del puerto fronterizo para presentar sus casos a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quienes luego de consultarlo con sus superiores, les negaron la entrada.

Una de las agentes de CBP les dio como respuesta que para realizar una excepción para la petición de asilo de los migrantes que se acercaron para solicitarlo, tenían que enviar un correo electrónico a la Oficina de Asuntos Públicos.

Nicole Ramos, de la organización Al Otro Lado, consideró en entrevista con Efe que “esta respuesta es muy débil, no vale nada, porque no es el departamento indicado para este tipo de asuntos, ese departamento es para prensa y actos públicos”.

“Su respuesta fue de rechazo porque dejaron ver que las vidas de estos migrantes no valen; esa es la respuesta de un Gobierno que se dice campeón de derechos humanos”, dijo Ramos, y agregó que seguirán buscando a través de medidas legales que estas personas puedan ingresar a EE.UU. porque sus vidas también corren peligro en la frontera.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó en septiembre pasado.

México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación del país.

Las autoridades mexicanas interceptaron a 73.034 extranjeros con estancia irregular en territorio nacional entre el 1 de enero y el 8 de marzo de este año, según informó recientemente el Instituto Nacional de Migración (INM).